Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que también hay presidentes autonómicos del PP a los que le gustaría una armonización fiscal que limitara el ‘dumping fiscal’ que realiza la comunidad autónoma de Madrid estaba utilizando un recurso dialéctico muy peligroso, porque como se ha visto todos ellos han salido en tromba a decir “pio, pio, que yo no he sido” y que, si estuvieran a favor de esa igualación, sería para reducir los impuestos que para eso el caramelo fiscal es uno de los genes de la derecha.
Que la baja fiscalidad de Madrid añadida al efecto capitalidad perjudica sobremanera a las comunidades autónomas colindantes con Madrid, las dos Castillas, es un hecho. Pero como los presidentes de ambas comunidades autónomas son de distinto signo político, el presidente castellano-leonés, Fernández Mañueco se manifiesta en contra, y a favor García-Page, que siente los efectos del dumping fiscal con mayor intensidad.
Que es necesaria una armonización fiscal parece evidente, por una cuestión de justicia fiscal, estableciendo unos suelos mínimos, sin que ello afecte a la capacidad autonómica de decidir su política sobre los impuestos. Ese debe ser uno de los asuntos esenciales a abordar en la siempre pospuesta reforma de la financiación autonómica, uno de los puntales esenciales del Estado de las autonomías, que es necesario abordar sin mayor dilación, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy dejara pasar el tiempo previsto para iniciar los cambios, y de que la pandemia haya provocado un tiempo muerto en su negociación, además de que sin acuerdo sobre los Presupuestos todo lo demás carecía de futuro.
Ahora bien, que la propuesta de atajar la posición favorable de Madrid proceda de un pacto con ERC no deja de ser una cierta provocación por cuanto Cataluña es la comunidad autónoma que mayor número de impuestos propios tiene establecidos, los más onerosos, es la región con mayor deuda pública y la que necesita el mayor aporte de recursos del Estado para sus gastos, por lo que además de hacer reclamaciones contra ‘la capital’ debe dar muestras de una mejor administración. Y si muchas empresas han decidido no instalarse en el Principado, o salir de él, es por las cuestiones relacionadas con el procés independentista y los utilizados en esa batalla política que ha perdido, y de la que se debe pasar página con las próximas elecciones catalanas.
En cualquier caso, dos de los asuntos económicos que más han condicionado o han generado más ruido en torno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no van a estar recogidos en las cuentas públicas, porque la prohibición de los desahucios para las familias vulnerables se decidirá mediante un decreto y todo lo relativo a la fiscalidad autonómica irá en otra negociación pendiente.
Que finalmente Ciudadanos haya decidido votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado era una decisión anunciada desde que Pablo Iglesias maniobró para alejarlos de un posible pacto con Pedo Sánchez, y el jefe del Ejecutivo, además diera la baza de la supresión del ‘dieselazo’ al PNV. Al menos Inés Animadas ha demostrado, en vísperas de las elecciones catalanas, que “otra mayoría era posible” y que el jefe del Ejecutivo ha preferido a ERC y a EH Bildu, sin necesitarlos.