Un total de 18 jóvenes de la provincia de Ciudad Real se verán beneficiados por la línea de ayudas para la adquisición de vivienda habitual en municipios menores de 5.000 habitantes. Una convocatoria de subvenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha que tiene entre sus objetivos ayudar a fijar población en los pueblos más pequeños de la región y que prioriza aquellas zonas de la Inversión Territorial Integrada (ITI). El montante total de las ayudas concedidas asciende a 109.000 euros y tiene como beneficiarios a jóvenes de 11 municipios ciudadrealeños: Pozuelo de Calatrava, El Robledo, Torralba de Calatrava, Arenas de San Juan, Alcolea de Calatrava, Agudo, Torre de Juan Abad, Picón, Cózar, Torrenueva y Albaladejo. Quedan en reserva por falta de crédito otras 16 solicitudes, mientras que la Dirección General de Vivienda y Urbanismo ha desestimado 33 más por diversos motivos: no estar al corriente de las obligaciones tributarias, un precio de la vivienda superior a los 100.000 euros o la ubicación del inmueble en un municipio con más de 5.000 habitantes. Hay que recordar que el objeto de estas subvenciones es financiar la adquisición de vivienda habitual y permanente para facilitar a los jóvenes menores de 35 años que puedan acceder a las mismas en régimen de compra, siempre que esté localizada en un municipio de la comunidad autónoma de pequeño tamaño, de menos de 5.000 habitantes, y cuyo precio de adquisición sea igual o inferior a 100.000 euros sin los gastos y tributos inherentes a la compra y sin incluir anejos como garaje o trastero. Podían optar a estas ayudas jóvenes con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, cuya unidad de convivencia dispusiera de unos ingresos anuales iguales o inferiores a tres veces IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en vigor. Un umbral que se elevaba a cuatro veces el IPREM si se trataba de una familia numerosa de categoría general o de personas con discapacidad, y a cinco cuando fueran familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad. Los beneficiarios de estas ayudas, que no podían ser propietarios de otra vivienda en España y tenían que estar al día en el pago de impuestos y a la Seguridad Social, se comprometen a ocupar la vivienda en el plazo máximo de tres meses desde la entrega de las llaves y a fijar allí su residencia habitual y permanente por un plazo, al menos, de cinco años. La cuantía de la ayuda asciende a 10.800 euros como máximo por vivienda (hay un caso en Picón y otro en Torralba), sin que pueda superar en ningún caso el 20% del precio sin anejos, gastos ni tributos inherentes a la adquisición. Además de la ubicación en un municipio con menos de 5.000 habitantes e incluido en alguna de las zonas ITI Castilla-La Mancha, las bases de la convocatoria priorizaban otros criterios, como que la vivienda objeto de compra fuera de protección pública de precio general o especial y de primera transmisión, los ingresos de la unidad de convivencia o ser víctima de violencia de género.