El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró este miércoles que el Gobierno autonómico está dispuesto a «llegar hasta el final» para evitar recortes en el trasvase Tajo-Segura y desmantelar la «hoja de ruta» del Ejecutivo de la Nación, encaminada, dijo, a cerrar el acueducto. 

Lamentó estar esperando respuesta del presidente Sánchez a una carta que le envió cuando «conocimos las primeras intenciones sobre este recorte definitivo». Por ello, anunció su intención de ponerse en contacto «no con el presidente del Gobierno, porque parece que tiene otras cosas más importantes que la Región de Murcia», sino con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para denunciar la situación. Consideró que «es inadmisible que por cuestiones estrictamente políticas recorten a la mitad el trasvase» quien criticó que mientras «todos» los planes de cuenca «se han flexibilizado», con el del Tajo imperan los «criterios políticos». Añadió que «nos van a tener preparados enfrente para oponernos sistemáticamente a esa hoja de ruta para cerrar el trasvase Tajo-Segura», concluyó

el presidente murciano.

Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, exigió el cese de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por mantener el incremento de los caudales ecológicos en el Alto Tajo para «acabar» con el trasvase. En declaraciones a los medios aseguró que el Consejo del Agua del Tajo aprobará el próximo martes el nuevo plan hidrológico de esta cuenca, en el que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha mantenido el aumento progresivo de los caudales ecológicos en la cabecera, Aranjuez y Bolaños.

A la petición de cese de Ribera, se une la del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusándolos de hacer una planificación «ideológica» para «cumplir en buena parte» la «promesa» realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Albacete en abril de 2018, de «acabar» con este acueducto.

La planificación de la cuenca receptora estipula una reducción de los caudales trasvasados en 105 hectómetros cúbicos anuales (78 para regadío y 27 para abastecimiento) y la pérdida de 5.000 empleos directos, 12.000 hectáreas y 122 millones de euros anuales.