La tan ansiada reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria está en plena tramitación. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se mostraba el lunes esperanzado en que el proceso se pueda llevar a cabo en el actual periodo de sesiones para incorporar una directiva de la UE en lo que será «un paso adelante muy significativo» y «muy importante» en la creación de valor. «No podemos permitir que nuestros productos, que son el fruto de mucho esfuerzo y de mucha inversión, de trabajo y de dinero por parte de los agricultores y de los ganaderos, no tengan la retribución que merecen», decía el ministro.
En ese sentido, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha defendido las modificaciones de dicha Ley que recoge el Real Decreto 5/2020 aprobado en febrero del pasado año al hilo de las históricas movilizaciones y tractoradas por toda España y ha valorado el articulado que establece que, para la fijación de los precios en los contratos, uno de los factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a «criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública» y que, para evitar la destrucción de valor en la cadena, «cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato».
Respecto a este asunto, la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, ha asegurado que «no se trata de garantizar por ley los precios justos en el campo, que también, sino de sentar las bases para dar oportunidades reales a los agricultores y ganaderos de vivir de su trabajo sin abandonar sus pueblos».
Tanto UPA como COAG, en consenso con otras organizaciones agrarias representativas a escala nacional, han presentado una serie de propuestas, entre las que destaca el que las asociaciones de operadores puedan presentar denuncias, que se establezca un registro oficial de contratos de compraventa de alimentos o que se adecuen las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria para dar más transparencia y más justicia a las relaciones entre los diferentes eslabones.
Cortiñas ha recordado a los diputados las «interminables filas de tractores» que hace un año inundaron calles y carreteras. «El campo clama por su futuro, un futuro de progreso sostenible en el que agricultores y ganaderos decidan por sí mismos, en el que los jóvenes tengan la posibilidad de apostar por la agricultura y la ganadería como forma de vida».
Por su parte, Blanco ha resaltado que «la pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario. Pero esto no se ha traducido en una mejor posición de los agricultores y ganaderos en los mercados. Los precios en origen siguen a la baja, al tiempo que se incrementan los costes de producción. Y en esta tendencia, la posición de abuso de posición dominante de las grandes cadenas de distribución tiene mucho que ver».