El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modificará el R.D. 319/2015 con el objetivo de incrementar la información actualmente suministrada por los primeros compradores de leche. En concreto, la base de la nueva norma es el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión, conocido como ‘Reglamento de Transparencia’, que incluye nuevas obligaciones de suministro de información para los operadores de los diferentes sectores agroalimentarios y para las autoridades de los Estados miembros.
En el caso del sector de la leche cruda de vaca se suman, a las que ya existen en la actualidad, nuevas comunicaciones que deben realizar los agentes, como son su composición en materia grasa y proteína, la producción de leche cruda ecológica y el precio de ésta. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha destacado que estos datos ofrecerán una «mayor transparencia y seguridad» a la operación. «Esta información que comparten los primeros compradores de cadena de lácteos redundará sin duda en una mejora de esa transparencia, de la seguridad alimentaria y en una mejor protección de los derechos de los consumidores», ha resaltado Montero.
De esta forma, esta nueva información deberá ser incluida por los primeros compradores de leche en la base de datos del sistema unificado de información del sector lácteo, Infolac, en la próxima declaración del mes de febrero. La norma nacional hace además extensiva esta exigencia a la leche de oveja y cabra, con el objetivo de disponer de más información, de gran utilidad, para estos sectores, si bien esta obligación no entrará en vigor hasta el año que viene. La nueva norma realiza una reasignación de funciones adscribiendo la aplicación Infolac, que recoge toda la información relevante para el mercado lácteo y que en la actualidad es gestionada por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Por otro lado, el real decreto aprobado incluye una disposición adicional para prorrogar la vigencia de la normativa de indicación obligatoria del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la propia leche y los productos lácteos. Agricultura ha señalado que el análisis del impacto de esta medida, que lleva dos años en funcionamiento, es «muy positivo». Tanto los consumidores, que dan mucha importancia al origen de los productos que compran, como los operadores de la cadena alimentaria, que abogan por la continuidad de esta normativa, dan su apoyo a la iniciativa.
En este contexto, las industrias lácteas reconocen comprar más leche española para sus productos y los productores lácteos están «orgullosos» de que España sea un país que defienda este tipo de etiquetado. De esta forma, la prórroga supone el «apoyo firme» del departamento que lidera Luis Planas por dar la «máxima información» a los consumidores sobre el origen de los productos mientras en el entorno de la UE no se inicie el desarrollo legislativo armonizado para todos los Estados de una medida tan relevante para el sector lácteo.
Presiones para firmar. Por otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunciaba a primeros de esta semana que algunas industrias lácteas están presionando a los productores de leche para firmar contratos de compraventa de leche de un año de duración con precios menores a los de 2020; contratos, según UPA, inasumibles para los ganaderos dado el aumento de los costes de producción que vienen sufriendo en los últimos tiempos.
Los piensos, por ejemplo, han subido entre 20 y 30 euros por tonelada; la energía se ha encarecido entre un 25% y un 30% y los precios de la carne, que también son importantes para una ganadería láctea, han caído entre 0,40 y 1 euro por kilo. «Hoy por hoy vale lo mismo un kilo de pienso que un litro de leche, la electricidad está por las nubes, cuando las ganaderías asumen un importante gasto al tener que refrigerar la leche, y los piensos, disparados», aseguraba el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla. «Por lo que hacemos un llamamiento a las industrias lácteas para que respeten a los ganaderos y respeten la ley».
UPA ha hecho un llamamiento a no firmar las primeras propuestas de contrato que están llegando a los ganaderos, pues estarían inclumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria al no respetar el coste de producción. «Y mucho menos con una duración de un año», recalcan. «Con eso las industrias buscan forzar una bajada artificial del precio de la leche». Recientemente, se ha sabido que los primeros datos y estudios de la cadena de valor de la leche de vaca en España que está haciendo el Ministerio de Agricultura establecen en 36 céntimos el coste de producción medio de un litro de leche, dato que había sido solicitado por la Asociación de Ganaderos Productores de Leche (Agaprol OPL) mediante una carta al Ministerio de Agricultura, precisamente para poder iniciar con garantías la negociación de los contratos lácteos con las industrias. La asociación recordaba que «de acuerdo al artículo primero, letra c, de la ley 8/2020, los costes efectivos de producción tienen que ser objetivos y han de tener como referencia datos de consulta pública, datos relativos a los costes efectivos de las explotaciones ganaderas publicados por el Ministerio de Agricultura».
«En estos momentos Agaprol OPL comienza la negociación de los próximos contratos lácteos del año 2021 con una veintena de industrias y en nombre de casi 600 ganaderos y aún no se dispone de los datos oficiales de costes de producción del vacuno de leche», se quejaban en la carta.
UPA va a remitir un escrito a la Dirección General de Industrias para que convoque al sector a una reunión urgente en la que se pongan «las cartas sobre la mesa» y se encarrile una situación que podría derivar en una ruptura de las relaciones entre ganaderos e industrias y, lo que es peor, en la ruina para miles de granjas y el consiguiente abandono del medio rural.