Fue despedido a mediados de 2015 por faltar al trabajo, presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social y en el juicio presentó como prueba una serie de partes de trabajo para acreditar la prestación de la actividad laboral. Se declaró el despido improcedente y se condenó a la empresa a readmitirlo y el pago de 24.117 en concepto de indemnización. Ayer el trabajador se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real acusado de falsear los partes de trabajo en connivencia con el encargado de una empresa para la que la realizó trabajos, según las acusaciones.

Los dos empleados negaron los hechos que se les atribuyen, el primero, electricista de profesión que responde a las iniciales C. C. D., de 33 años, niega haber falseado los partes y el segundo, un marroquí que responde a las iniciales A. E. K.  se defiende asegurando que él tan solo firmó los partes por orden del empresario para el que el trabajaba, ya fallecido.

El fiscal no cree la versión del trabajador al que acusa de haber elaborado los citados partes de trabajo para justificar la realización de la ocupación laboral y, por contra, da credibilidad a la versión del empresario de Argamasilla de Calatrava y a la prueba practicada en el plenario celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Por ello, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y mantuvo la petición de dos años de prisión para el trabajador de iniciales C. C.D. por un delito de estafa procesal y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 12 euros.

La misma pena solicita para el otro procesado en la causa, el ciudadano marroquí de iniciales A. E. V., al entender que ha quedado acreditado que este hombre, encargado de una empresa en la que realizó trabajos el primero (un campo de tiro), firmó los partes de trabajo.

Según el fiscal, los citados partes que no respondían a la realidad y habían sido elaborados de mutuo acuerdo por ambos acusados con el objeto de justificar la realización de trabajos del encausado C. C. D.

En la causa también está personado el empresario para quien trabajó doce años y quien le despidió a mediados de 2015 alegando que había faltado a su trabajo de forma  reiterada. La letrada Virginia Virreales, que ejerce la acusación particular, elevó la petición de condena a ocho años de cárcel para los dos procesados, seis por estafa procesal y dos por falsedad de documento privado, en el caso del trabajador. Del mismo modo, pide seis años de cárcel por estafa procesal para el ciudadano marroquí y dos más por falso testimonio. La letrada también solicita 34.510 euros en concepto de responsabilidad civil y la condena en costas.

La defensa. Para el abogado Rafael de Manuel, que ejerce la defensa de los procesados, es un despropósito.  Está convencido de que todo obedece a «un despido, para echarlo gratis». Por ello,  solicita la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables al entender que sus representados son inocentes, no han cometido delito alguno y, por lo tanto, «no se ha podido demostrar», remarcó tras subrayar en su alegato que «no se puede convertir este procedimiento en una revisión  jurisdiccional». A su juicio, «no procede».

El letrado insistió en que se defienden con una mentira y ha pedido al Tribunal que se tenga en cuenta la declaración del ya fallecido director gerente de la empresa en la que trabajaba el marroquí porque declaró que eran los partes de trabajo entregados por la empresa del electricista encausado.

El abogado de los procesados insistió en que el trabajador «se defendió en el Juzgado de lo Social enseñando los partes de trabajo que para más inri los días que se les acusaba de faltar o eran festivos o estaba de baja».

De su lado, el empresario mantuvo que falsificó los partes, que los tenía en su casa y prueba de ello es el color, ya que presentó unos que dejaron de usarse en 2013.