La ayuda de 54 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno español vivió ayer un nuevo giro de guion, merced a la orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por la que insta a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no haga efectivo el pago de 34 millones de euros correspondientes al segundo abono del préstamo que el ejecutivo concedió a la aerolínea, que estaba previsto para el próximo miércoles, día 28.

La juez Esperanza Collazos ordenó la paralización después de las denuncias tanto del PP como de Vox, que se oponen frontalmente a la concesión del préstamo participativo por parte del Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, considera que la subvención está debidamente justificada. No lo entiende así la magistrada, quien insta a la aerolínea a que presente sus razones para hacer efectivo el desembolso de los 34 millones. 

Tanto PP como Vox, personados en el caso, alegaron en contra de la concesión, mientras que la Fiscalía requirió que la empresa diera explicaciones. Ante las posturas de las partes, la juez le dio cinco días de plazo a Plus Ultra para que presente la necesidad del dinero para pagar a sus acreedores y continuar con su actividad. Además, en su escrito, insta al Gobierno a que se abstenga de realizar ningún movimiento que intente infringir la prohibición del pago impuesta.

La ayuda económica, a través de préstamos, a la aerolínea Plus Ultra por parte del Ministerio de Hacienda se convirtió en uno de los culebrones políticos de la primavera. El Gobierno llevó a cabo la concesión, a pesar de que la empresa se encontraba en una situación muy vulnerable y con la utilidad de la aerolínea para la economía española puesta en serias dudas. Ante este acto, la oposición, PP y Vox, acusan al Gabinete de Pedro Sánchez de una presunta malversación de fondos públicos por parte de altos cargos públicos y será la Justicia la que dirimirá las responsabilidades del asunto.

Gobernar en minoría y sin consenso es una ardua tarea, pero se hace aún más difícil cuando una semana sí y otra también la Justicia tumba los actos del Ejecutivo. La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, ya puso en entredicho a la magistratura cuando el Tribunal Constitucional dictaminó la ilegalidad del confinamiento, olvidando que el hecho de que el poder Ejecutivo intente dominar al Judicial no tiene cabida en sistema de derecho y de libertades.

En el caso Plus Ultra, ahora habrá que esperar a conocer la justificación de la aerolínea y la respuesta de la juez. Esperan nuevos capítulos de este culebrón.