La causa penal por robo de gasoil de un oleoducto se ha cerrado con dos años y seis meses de cárcel para los dos encausados que han reconocido los hechos y ratificado en la Audiencia Provincial el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Los hechos se remontan a noviembre de 2018 cuando Antonio B. C. arrendó una parcela en el polígono 'los Barrancos', del término de Malagón, cerca de una zona por donde discurre el oleoducto Puallo (Puertollano-Almodóvar- Loeches) propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Tras alquilar la parcela, «por sí mismo o en connivencia con otros», perforó la tubería del oleoducto a la altura del kilómetro 60,409, atornilló un collarín de fleje o abrazadera en sus laterales, roscó una válvula de raíz de alta presión y a continuación una manguera semienterrada para extraer gasóleo. Luego lo almacenaban y transportaban en vehículos para su venta. Es aquí cuando entraba en escena José Alberto P. R. con el encargo de extraer el gasoil, vigilar y custodiar la mercancía que se almacenaba en los depósitos, así como del control de las vías de acceso, según la fiscal del caso y el letrado de la acusación particular. La Guardia Civil les detuvo a mediados de 2019 por el presunto robo de hidrocarburos del Oleoducto Puallo, daños y otros estragos causados. Ayer los agentes acudieron a la Audiencia Provincial para testificar, pero finalmente no fue necesario porque Antonio B. C. y José Alberto P. R. admitieron el delito y pactaron dos años y seis meses de cárcel. La fiscal pedía inicialmente hasta tres años de prisión para uno de los acusados, pena que la Compañía Logística de Hidrocarburos elevaba a ocho años para cada uno de los dos encausados al considerarles autores de un robo con fuerza en las cosas y otro de manipulación de sustancias inflamables.
De ahí que el letrado Miguel López calificara el acuerdo alcanzado con la fiscal de «satisfactorio». Además, va a luchar en ejecución de sentencia para que a su cliente Antonio B. se le suspenda la pena de dos años de cárcel.
También se llegó a un acuerdo con la citada compañía en cuanto a la indemnización. En penal no se reclama, se reserva para la vía civil. Es decir, la responsabilidad civil se discutirá en este ámbito. De este modo, la CLH podrá iniciar en la jurisdicción civil un procedimiento para reclamar la cantidad, unos 80.000 euros.
Desde la mencionada compañía, representada en la causa por el letrado Jorge Rincón, del despacho AIC Abogados, mantienen que «hay que tener en cuenta que para poder fracturar el oleoducto emplearon un taladro y realizaron una conexión ilegal que les permitió sustraer el combustible». Dada la peligrosidad intrínseca a este tipo de actuaciones, también acusaban por un delito de riesgo por manipulación de sustancias inflamables». Los acusados reconocieron ayer el robo y la peligrosidad.
Reprimenda. El enjuiciamiento de la causa ha pasado por alguna demora no atribuible a la instrucción ni a los tribunales, y tampoco a los procesados. El pasado mayo sólo compareció uno de ellos al juicio señalado en la Audiencia porque el otro dijo estar enfermo.
El Tribunal volvió a designar fecha para juzgarlos, el 28 de septiembre y llegado el día también se presentó solo uno. El otro lo hizo desde Jerez de la Frontera mediante viodeoconferencia tras ser localizado. Se le había denegado la petición para no tener que desplazarse a Ciudad Real con la advertencia de que tenían que acudir a la Audiencia de esta ciudad para el juicio. «No lo sabía», dijo. La magistrada presidenta del Tribunal, a la sazón de la Audiencia de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, le echó una buena reprimenda tras poner en duda sus palabras y advertirle de que cuando un Tribunal cita a un acusado ha de comparecer.