En el país de la democracia plena, como establecía el índice de calidad democrática del periódico The Economist hace no demasiado tiempo, hemos pasado a tener una democracia al menos defectuosa, y así también lo establecía ese mismo medio en febrero de este mismo año, que reducía notablemente la calidad de nuestra democracia, aunque el eco mediático fue, esta vez, menor. España, cuya democracia en términos generales es homologable a las de nuestro entorno europeo, tiene, en cambio, inyectada en sus arterias principales el virus de la partidocracia, que es cuando la democracia queda a instancias casi por completo no de lo que decidan los representantes del pueblo encuadrados en partidos políticos sino lo que decidan los jefes de esos partidos, que son finalmente dos, tres, cuatro o cinco señores y señoras que determinan, por ejemplo, a quien ponen en la lista y a quien quitan, o pactan en despachos cerrados a cal y canto cómo será la composición de los principales organismos del Estado, entre ellos nada menos que el Poder Judicial que junto con el Ejecutivo y el Legislativo constituyen la columna vertebral de un sistema democrático. La columna vertebral siempre y cuando sean poderes independientes unos de otros, eso que aquí nos pasamos por el arco del triunfo con desvergüenza torera hasta convertirlo en costumbre.
Lo bochornoso de lo que estamos viendo estos días  (tras varios años de bloqueo en la renovación de los principales órganos del CGPJ y  la declaración del ministro Bolaños de que ahora iban a comenzar a negociar 'en serio' una vez formalizada la dimisión de Carlos Lesmes), es que lo que se negocia no se hace en el ámbito de la soberanía popular del Parlamento, lo que se negocia se ventila en un despacho cerrado en el que solamente están Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. De manera que si discutible es que los jueces sean elegidos casi por completo por el Poder Legislativo, como establece la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, bochornoso es que ese Poder Legislativo quede reducido a un cenáculo cerrado a los máximos dirigentes de los dos principales partidos.
Así la democracia se va desvirtuando, va perdiendo valor y peso a pasos agigantados hasta quedar sus principales organismos vitales convertidos en objeto de un cambalache. En España, donde la politización de todas las esferas de la vida está alcanzando niveles alarmantes, hay jueces que se agrupan en asociaciones, la más importante de las conservadoras es la APM y de las progresista Jueces y Juezas por la Democracia. Al final terminan siendo cajas de resonancia de los partidos, principalmente el PP y el PSOE, con lo cual queda también tocado ese procedimiento tan lógico y saludable consistente en que fueran los propios jueces, y no los políticos, los que eligieran a sus órganos de gobierno, como por otra parte insta a hacerlo la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de la politización de la carrera judicial, uno de cada tres jueces no están afiliados a ninguna asociación mientras que las principales asociaciones copan el sesenta por ciento de los nombramientos y a su vez actúan como correa de transmisión de interés políticos en demasiadas ocasiones. Todo demasiado complicado, y la independencia judicial quebrantada.  Tan inadmisible es el bloqueo permanente como  el empecinamiento en que los jueces sean nombrados por entero por el Parlamento, un método que en la práctica equivale al nombramiento por parte de la cúpula de los dos grandes partidos. Así es normal que nuestra democracia sea calificada, y con justicia, como 'defectuosa', según el último índice de The Economist.
En cualquier democracia sana y avanzada a los jueces hay que respetarlos. En España, en cambio, cada vez con más frecuencia se les cuestiona y pone en duda y los máximos quebrantadores del Estado de derecho, como es el caso del separatismo catalán, que no para en sus descalificaciones e  insultos al Tribunal Supremo mientras presiona al Gobierno, con éxito la mayor parte de las veces, para que se haga la vista gorda a las intenciones de la Generalitat de ganar terreno lingüístico en la escuelas catalanas. Siempre con vistas a su objetivo final: conseguir una mayoría social más amplia que se decante por la independencia. Conviene no olvidar que la otra vez si no lo consiguieron fue por la Justicia y por un discurso del Rey que aún no se les ha olvidado. Quedó entonces claro que un país se juega demasiado con un  sistema judicial serio, respetado e independiente.

«Los máximos quebrantadores del Estado de derecho, como es el caso del separatismo catalán, son los que no paran en sus descalificaciones e insultos al Tribunal Supremo»