CHG: "La vigilancia es permanente para impedir robos de agua"

Ana Pobes
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El comisario de Aguas señala que el presunto autor de extraer agua ilegalmente del río en plena sequía se enfrenta a otras infracciones, como la de manipulación de caudalímetros

CHG: "La vigilancia es permanente para impedir robos de agua" - Foto: DGGC

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en palabras de su comisario de Aguas, Ángel Nieva, trabaja por la vigilancia «permanente» del buen uso del recurso hídrico, especialmente en episodios de escasez. Por ello, no es de extrañar que para el organismo de la cuenca no haya sido una sorpresa el hecho de que un titular de una explotación agropecuaria haya extraído presuntamente de forma ilegal agua del Guadiana en plena sequía para surtir a un pívot de grandes dimensiones para cultivos. «Ha sido una actuación conjunta, como otras muchas, con la Guardia Civil», reconoce Nieva, pero que en esta ocasión tiene cierta envergadura por extraer agua sin respetar presuntamente el caudal ecológico del río a su paso por Los Pozuelos de Calatrava.

La investigación, recuerda en declaraciones a La Tribuna, se inició el verano pasado a raíz de la labor de vigilancia de la Confederación, por lo que desde julio a octubre «se realizaron varias visitas e inspecciones a la finca» bajo la estrecha colaboración de la Guardia Civil. La investigación, continúa explicando, dio como resultado que el presunto autor no solo extraía agua del Guadiana, sino que también tenía varios aprovechamientos de aguas subterráneas y superficiales con las que hacía un uso «inadecuado», ya que las mezclaba «sin  derecho» en una balsa, que «tampoco estaba autorizada», por lo que el titular se enfrenta a otras infracciones. Entre ellas la del uso indebido del dominio público mediante la construcción de una balsa de regulación para regar y la de manipulación de caudalímetros, lo que ha impedido hacer una valoración determinada de la extracción ilegal de agua. Por todo ello, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha abierto al titular un expediente sancionador administrativo grave.

Nieva subraya que en la cuenca alta «hay muchos problemas de extracciones» debido, reconoce, a que el recurso es escaso y la actividad agraria es muy importante en la zona. «Hay muchos aprovechamientos y en algunos casos se detectan incumplimientos, por lo que nuestra vigilancia es permanente», subraya al tiempo que lamenta los pocos medios con los que dispone el organismo de cuenca para ello. En este sentido, señala que una de las reivindicaciones históricas de la Confederación es poder disponer de más medios humanos, ya que «está escasamente dotada para todas las competencias que tiene y que al final repercute en los usuarios». «Lo que más nos preocupa es no tener medios necesarios para prestar un servicio público acorde a las necesidades reales», añade al tiempo en que insiste en que «vigilar es una obligación por el buen uso del recurso en beneficio de todos y del medio ambiente».

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana señala que un titular de un derecho de aguas superficiales para cumplir con la ley puede llegar a conocer el caudal del río a través de la medición en el punto de toma. Y es que, el propietario de esta explotación tenía conocimiento de la restricción existente que le había sido comunicada personalmente y además había sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). «Los titulares de derechos de agua deben cumplir una serie de condiciones, como respetar el caudal ecológico que marca la Confederación y que queda reflejado en la concesión autorizada», insiste. Por ello, con la llegada de los meses de verano habrá una especial vigilancia para velar por los caudales de ríos como el Guadiana y el Bullaque con el objetivo de «no extraer más agua de la que circule por ellos y cumplir así con la ley».  

El presunto autor de los hechos, según establece el Código Penal, puede enfrentarse a penas de prisión de dos a cinco años o a multa de ocho a 24 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Las diligencias policiales instruidas han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los de Ciudad Real.