La sombra del año electoral que se avecina es alargada y no solo hace mirar de reojo al partido político oponente sino que, en los mismos grupos, las discrepancias afloran abriendo grietas peligrosas. Brechas que, en el caso concreto del PSOE, no es la primera vez que generan choques entre la dirección nacional y algunos barones y que, estas últimas fechas, parecen haberse agudizado al calor del nuevo plan fiscal del Gobierno. 

La cercanía de los comicios municipales y autonómicos previstos para 2023 y las particularidades de cada territorio han llevado a voces autorizadas en Ferraz, como el presidente valenciano, Ximo Puig, y el castellano-manchego, Emiliano García-Page, a defender posiciones contrarias a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ambos casos han generado malestar en el PSOE, como reconocen en privado varios dirigentes socialistas, aunque en público nadie se atreve a criticar directamente a sus compañeros de partido para evitar entrar en polémicas.

En concreto, las desavenencias con Page tienen que ver con una entrevista publicada recientemente en la que cuestionaba tanto la estrategia de pactos del Ejecutivo de Sánchez como las críticas sobre la «insolvencia» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin llegar a respaldar en ningún momento esta postura, algunas fuentes socialistas la justificaron al señalar que Page se dirige a un electorado muy concreto y «más conservador», el de Castilla-La Mancha, donde el PSOE aspira a volver a ganar por mayoría absoluta en las autonómicas de mayo de 2023.

Algo parecido ha ocurrido con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que en el último debate de estado autonómico anunció una bajada de impuestos contraria a las tesis defendidas por su propia formación.

Desde Ferraz señalan que Puig encabeza un Gabinete de coalición con Compromís, lo que «tiene sus complejidades», aunque dejan claro que no están de acuerdo con las medidas adoptadas.

Otras fuentes reconocen el malestar causado en el PSOE con esta iniciativa, pero apuntan que en un país «federado» cada comunidad puede plantear sus propias políticas fiscales, dentro de su margen de maniobra y en respuesta a sus necesidades y particularidades.

Ideas del PP

La medida de Puig que más ha molestado en Ferraz es la deflactación del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, que va en línea con la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de adaptar este impuesto por la situación actual de inflación a las rentas por debajo de los 40.000 euros.

El Gobierno rechaza esta idea, aunque se aplique solo a rentas bajas. Argumenta que al final también se benefician las rentas altas por el efecto «escalera» y afirma que si una autonomía quiere compensar a los que menos ganan, lo más conveniente sería dar ayudas directas.

Además, en el Ejecutivo central piden mucha prudencia con las bajadas de impuestos como la de Puig, porque creen que «pueden socavar el principio de justicia fiscal» y alertan del peligro de sumarse al carro de la competición entre comunidades en este sentido.

La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, fue contundente con estos planteamientos al rechazar la «espiral» de bajadas fiscales «masivas», aunque defiende hacer reducciones «quirúrgicas y selectivas».

Como la mayoría de sus compañeros de partido, Montero cuestiona de forma velada las medidas de Puig pero centra sus críticas en el PP, sobre todo por la supresión del impuesto de patrimonio anunciada por el Gobierno de Andalucía y que ya está vigente en la Comunidad de Madrid. 

Marcar distancias con el principal partido de la oposición, con la vista puesta en un 2023 plagado de citas con las urnas, es fundamental. Así lo pone de manifiesto el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, al aseverar que el debate no está «en subir o bajar impuestos, sino a quién». En este sentido, el PSOE «tiene una posición muy clara», defiende como un mantra Lobato: «ayudar a las amplias mayorías y pedir un esfuerzo a las grandes fortunas».

Al margen de Puig, también anunció públicamente Guillermo Fernández Vara la mayor bajada de tasas y precios públicos de la Historia de Extremadura. Además, el presidente de Aragón, Javier Lambán, reconoció que en el actual contexto económico podría ser «razonable» abordar una revisión de la fiscalidad en su comunidad. El último en sumarse a este carro fue el pasado miércoles el líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que anunció, entre otras medias, rebajas en el IRPF para rentas inferiores a 30.000 euros.

Así, cada vez son más las voces que hablan de «rebelión» contra las políticas de Sánchez y que auguran que este tipo de iniciativas irán reproduciéndose hasta que lleguen los comicios. Frente a estas afirmaciones, en el PSOE abogan por tener un debate «sosegado» en política fiscal, aunque confiesan que muchas medidas deberían ser adoptadas en el marco de la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde 2014 por las desavenencias existentes incluso entre comunidades del mismo color político.

En este sentido, todos los líderes socialistas coinciden en que no habrá avances sobre financiación autonómica hasta la próxima legislatura, porque electoralmente no interesa abordar esta cuestión. Y es que, está quedando demostrado que la economía es el gran eje en torno al que giran los programas y es el estandarte que trata de ondear el PSOE para superar al PP.