El enconado debate sobre las diferencias fiscales entre CCAA atenta contra el espíritu descentralizador del sistema (título VIII de la CE), que incluye el reconocimiento de los regímenes forales y la capacidad de las demás de gestionar sus tributos, propios o cedidos, incluido un tramo del IRPF. Con todas las consecuencias, por subirlos, bajarlos o suprimirlos, si se entiende que hacer lo uno o lo otro sirve para atraer inversiones y crear puestos de trabajo sin dañar la recaudación fiscal. O dañándolos, con el consiguiente efecto sobre la prestación de servicios públicos. Y en ese caso, los votantes ajustarán cuentas en las urnas.
Los técnicos sostienen que, si se trata impuestos marginales (patrimonio, sucesiones, transmisiones) sobre franjas muy pequeñas de la ciudadanía, como es el caso, no tiene por qué afectar demasiado a la recaudación ni por ello incurrir en supuestos de deslealtad entre territorios. No mientras sigamos sin concertar un método y predeterminado (armonización) que evite diferencias entre ellos.
Huelga el rasgado de vestiduras por subidas o bajadas que, en el ejercicio de sus respectivos autogobiernos, puedan hacer las distintas comunidades al margen del respectivo signo político. Pero si se apostase desde el Gobierno por la recentralización, so pretexto de la armonización, no tardarían vascos y catalanes en defender su derecho a desarmonizarse, en nombre de la historia o de sus aspiraciones secesionistas.
De momento, Moncloa dispara contra el ministro Escrivá, que es de los suyos, por querer centralizar (¿o sólo "armonizar"?) y, al mismo tiempo, contra Moreno Bonilla, el presidente andaluz, que es un adversario, por querer descentralizar. Tal vez eso sea bastante para lamentar la tonta carrera de sacos que, por cuenta de nuestro mosaico fiscal, están librando el PSOE que gobierna y el PP que aspira a gobernar.
Conviene hacer memoria. Fue un presidente socialista, Zapatero, quien abominó del impuesto de patrimonio. No hace ni un año se celebró en Ferraz una cumbre de barones socialistas que constató la imposibilidad de poner en común una postura ante la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace ocho años.
Más acertado estuvo Feijóo, entonces presidente de Galicia y hoy aspirante a Moncloa, cuando convocó a 8 presidentes (4 socialistas). Logró que se conjurasen para impedir que el nuevo modelo de financiación se decida en una mesa bilateral del Gobierno central con Cataluña.
Véanse ahí todas las trampas del debate, centrado ahora en el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Moreno, de un impuesto especial a las grandes fortunas, muy poco tiempo después de haberlo rechazado. Lectura para desavisados: el PP da a los ricos a escala regional en Andalucía y Madrid, lo que Sánchez les quita a escala nacional. Demagogia, que algo queda, porque vamos camino de las urnas (municipales y autonómicas de mayo).