El Instituto Gogora, institución vasca dedicada a la memoria, la convivencia y los derechos humanos, busca ADN de los familiares de 41 presos de origen castellanomanchego muertos entre 1937 y 1941 en el campo de concentración de Orduña (Vizcaya), de ellos 34 procedían de Ciudad Real, otros cuatro eran toledanos y tres más de Albacete. El objetivo último es hacer entrega de los restos a sus familiares para que éstos decidan su inhumación.

Fuentes de este Instituto explicaron a La Tribuna que en el cementerio de la localidad vizcaína se ha realizado una excavación entre los años 2014 y 2022 de la que se han obtenido restos de 71 cuerpos. Al mismo tiempo se ha localizado una lista de 225 personas fallecidas allí, con su lugar de procedencia, «pero no existe nada que permita relacionar los cuerpos exhumados con los nombres de la lista», detalla la portavoz de prensa del Instituto.

La mayor parte de los presos del campo de concentración y luego cárcel de Orduña habían llegado desde otro campo de concentración, el de Castuera (Badajoz). De hecho, según los datos recuperados por el Instituto Gogora, 127 de los represaliados procedían de dicha comunidad y casi todos, salvo tres cacereños, eran pacenses. También están registrados 22 malagueños y ocho tarraconenses, además de otras 28 personas con raíces en otras provincias. De los más de 3.000 presos que pasaron por el campo de concentración vizcaíno, 663 tenían su origen en la provincia de Ciudad Real.

Esos traslados de los reos a cientos de kilómetros del punto de origen eran una medida habitual del sistema carcelario de posguerra que de esa manera acrecentaba el castigo: a la dureza de las condiciones de vida en las cárceles y campos de concentración se añadía la lejanía de las familias y la falta de arraigo en un entorno extraño.

El Gobierno vasco y el Instituto Gogora han empezado a buscar familiares de los presos, personas que recuerden que un antepasado falleció en Orduña con el objetivo de extraer las muestras de ADN para cotejarla con la de los 71 cuerpos exhumados hasta el momento.

Para ello, a finales del pasado mes de enero una delegación vasca encabezada por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal, visitó la localidad de Castuera para reunirse con familiares de represaliados, en un viaje que contó con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera.

Castuera fue el primer punto de internamiento para muchos soldados republicanos capturados en el frente de Extremadura, al que la provincia de Ciudad Real servía como zona de retaguardia y de ella procedían muchos de sus reemplazos.