El mandato de Ramón Granados al frente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha explotó por la deuda generada con el colectivo arbitral, que fue creciendo sin solución y provocó una gran crisis en este deporte a nivel regional que acabó con la salida de Granados en 2016. 

Tras estudiar detenidamente las cuentas, no sin muchas dificultades, los nuevos dirigentes de la Federación decidieron denunciar en los juzgados la gestión de Granados y, tras el informe enviado por el ministerio fiscal, el Juzgado de Instrucción número tres de Alcázar de San Juan ha dictado un auto en el que «se decreta la apertura del juicio oral en el presente procedimiento y se tiene por formulada la acusación contra Ramón Granados García de Tomás por: Un delito continuado de administración desleal previsto en el art. 252 del Código Penal, un delito de administración desleal tipificado en el artículo 252 del Código Penal, en relación con el artículo 249 del mismo texto legal, un delito continuado de apropiación indebida tipificado en el artículo 253 del Código Penal». 

Granados fue presidente de la Federación de 2008 a 2016 y según la fiscalía, en su informe presentado al juzgado y al que tuvo acceso este diario, indica que el acusado «guiado por un ánimo de ilícito beneficio, concretamente durante el periodo 2012-2016, dispuso de dinero perteneciente a la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha a su libre arbitrio, sin rendir ningún tipo de cuentas ni justificar determinadas operaciones, destinándolas a uso particular y a fines ajenos al objeto de la Federación».

Indemnización

«Así, para su propio beneficio, el acusado Ramón Granados García de Tomás realizó todos los meses durante el indicado periodo 2012-2016 numerosas retiradas de dinero en efectivo, transferencias, compras con tarjetas, pagos en restaurantes, viajes al extranjeros, etc., todo ello por valor de 210.621,50 euros, cantidad reclamada por la Federación en concepto de perjuicios sufridos».

Por todo ello, el escrito del fiscal que solicita la apertura del juicio oral propone «la pena de tres años de prisión, con inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de condena, y multa de nueve meses con cuota diaria de 15 euros, así como responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago». Al mismo tiempo, solicita «indemnizar a la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha en 210.621,50 euros por los perjuicios sufridos».

La acusación particular va mucho más allá, ya que tras las auditorias realizadas se descubrieron más cantidades de dinero desviadas. Por ello, según refleja el auto del Juzgado de Instrucción número tres de Alcázar de San Juan que ordena la apertura del juicio oral, la acusación particular añade al delito de administración desleal el de apropiación indebida, solicitando una pena de ocho años de prisión y multa de 24 meses a razón de 15 euros por día, al tiempo que solicita una indemnización de 516.462,98 euros.

El auto ratifica la libertad provisional del acusado Ramón Granados García Tomás y pide que preste fianza en la cantidad de 210.621,50 euros, al tiempo que declara «órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa la Audiencia Provincial de Ciudad Real».

Ramón Granados García de Tomás accedió a la presidencia de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha en marzo de 2008, tras haber sido vicepresidente ejecutivo los cuatro años anteriores bajo la presidencia de Vicente Paniagua. En 2014 la Federación empezó a acumular una deuda con el colectivo arbitral que fue lo que hizo saltar las alarmas hasta que en 2016, con un evidente deterioro de las competiciones y tras una gran presión mediática por parte de todos los colectivos, principalmente los clubes de la región, se produjo el relevo.

Los nuevos dirigentes, bajo la presidencia de José Luis Rodrigo, se encontraron una deuda próxima al millón de euros y en 2017 la Asamblea General de la Federación aprobó la autorización para presentar una querella criminal contra Ramón Granados, lo que se hizo en julio de 2017 y que ha derivado en la acusación planteada por la fiscalía y la apertura del juicio oral.