La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el 3 de septiembre, afecta a más de un millar de personas en la provincia y va a obligar a revisar cientos de sentencias, indican desde las fundaciones sin ánimo de lucro que ayudan a personas con daño cerebral, trastorno mental grave o alguna otra discapacidad.  

La Fundación Tutelar Daño Cerebral considera que es "preciso" que jueces y fiscales dispongan de los recursos económicos y del personal necesarios para que se puedan llevar a cabo las revisiones de todas las sentencias y procesos de garantía de apoyos a los que obliga la reforma.

Se han modificado ocho leyes estatales que beneficiarán a personas con discapacidad. La norma otorga preferencia a las medidas tomadas por el propio discapaz y desaparece la incapacitación judicial y los términos de ‘tutela’ y ‘patria potestad prorrogada y rehabilitada’, ya que la nueva ley considera que son figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de la persona adulta con discapacidad. Es una de las valoraciones que hacen a este diario desde la Fundación Tutelar de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha, a la que se suman otras fundaciones sin ánimo de lucro como Fundación Familia, Madre y Fundace.

Consideran que la reforma representa «un gran avance» y «supone el cambio de un sistema donde se podía privar o minimizar a este colectivo en la toma de decisiones sobre su propia vida a otro basado en el respecto a la voluntad y preferencia de la persona con discapacidad». 

Del mismo modo, señalan que es una nueva realidad que se corresponde con la metodología de trabajo que ya desarrollan desde su fundación. 

La Fundación Tutelar Daño Cerebral CLM explica a este periódico que el  daño cerebral sobrevenido es una lesión producida en el cerebro de una persona por un golpe, un ictus (accidente cerebrovascular), la falta de oxígeno, una infección, un tumor o una intervención neuroquirúrgica. 

En la región castellano-manchega hay 20.000 personas afectadas por daño cerebral sobrevenido, el 30% son menores de 64 años, indican desde la citada fundación tras destacar que es una pluridiscapacidad invisible, ya que la sociedad en general no conoce las consecuencias y que el 90% de los afectados sufren dependencia.

La Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha (Adace-CLM) nació en 2002 con la finalidad de "mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral sobrevenido en la región y sus familias, haciendo especial hincapié en la defensa de sus derechos y reclamando una mayor protección e información por parte de las instituciones y adminstraciones públicas". 

Esta fundación tiene en la región nueve centros de atención directa, uno en Ciudad Real capital, otro en Alcázar de San Juan y un tercero en Puertollano. El resto están repartidos por las otras provincias de Castilla-La Mancha.

La Fundación Tutelar de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha (Fundace) recuerda a este diario que desde su constitución en 2007 prestan apoyo a las personas que sufren este daño o enfermedades neurológicas degenerativas en función de su discapacidad. Esta fundación ofrece un servicio completo de información, apoyo socio-sanitario y psicológico, así como un programa de acompañamiento individualizado en la búsqueda activa de empleo y formación. También presta un servicio de orientación jurídica. Es la única fundación tutelar que existe en España para personas con daño cerebral. 

La Fundación Tutelar de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha participa en la Comisión de Tutela de la región junto a Futucam que ayuda a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, Fundación Madre para personas con enfermedad mental grave, Fundación Mayores para los que superan los 65 años y la Fundación Socio-Sanitaria de Castilla-La Mancha dedicada también a quienes sufren un trastorno mental. 

Para la Fundación Tutelar de Daño Cerebral, la reforma legislativa que acaba de entrar en vigor representa "un gran avance". Explica a este diario que "hasta ahora el sistema contemplaba la sustitución en la toma de las decisiones que afectaban a las personas con discapacidad, a las que se les podía modificar su capacidad de obrar, algo inherente a su condición de ser humano, o incluso determinar su incapacitación".

A partir de ahora, añaden, el sistema se basa en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad que, como regla general, tomará sus propias decisiones. Es decir, ahora todas las personas con discapacidad, si necesitan apoyos para la toma de decisiones, tienen que tenerlos pero no ser sustituidas. Prima su autonomía y deseos.

Se sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una "ayuda técnica" en materia de "comunicación" para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características. Ya no tendrán que pasar por un juez cada vez que quieran, por ejemplo, ir al banco. Solo se acudirá en casos excepcionales.

La reforma "sí contempla la figura de la curatela representativa o sustitución en la toma de decisiones de una persona con discapacidad, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo". También se refuerza la figura de la guarda de hecho, que "se transforma en una institución jurídica de apoyo y deja de ser una situación provisional cuando resulta adecuada para la salvaguarda de los derechos del discapaz".

 El entorno jurídico y social les tiene que prestar asistencia y acompañamiento para que ejerzan los derechos que tienen reconocidos, coinciden en señalar desde la Fundación Tutelar de Daño Cerebral, la Fundación Familia y Futucam Plena Inclusión.

Todas entienden que para la eficaz aplicación de esta nueva legislación es "fundamental" que los derechos de estas personas se garanticen en las leyes de Servicios Sociales de todas las comunidades autónomas. La psicóloga Ana Jiménez de la Fundación Familia, tras señalar que la ley es muy generalista y añadir que va a suponer muchos cambios dentro de las fundaciones, recalca que la reforma debe ir acompañada de un presupuesto adecuado. 

A modo de ejemplo, indica que la mayoría de las personas con trastorno mental grave atendidas en la Fundación Familia tienen un grado dos de dependencia; el 57% tienen un 66 o 76% de discapacidad; el 64% son hombres y un 38% oscilan entre los 50 y 59 años. Un elevado porcentaje tiene un diagnóstico de trastorno mental grave y casi todos pensiones no contributivas.