El informe con el que arrancó todo

Leticia Ortiz (SPC)
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Las investigaciones policiales sobre la manifestación del 8-M en Madrid están en el punto de mira del Gobierno, que habría presionado al Instituto Armado para conocer su contenido

Varias ministras se pusieron al frente de la pancarta que el PSOE lució en la movilización feminista de la capital de España a la que, además, animaron reiteradamente a acudir. - Foto: INMAMESA

La tormenta política e institucional que ha vivido España esta semana, y cuyas consecuencias es posible que aún no estén escritas, tiene su punto de origen en una investigación judicial dirigida por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que el pasado lunes imputó por un supuesto delito de prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8-M. 
Para llegar a ese momento procesal, como en cualquier causa, la jueza requirió a la llamada Policía Judicial, en este caso formada por miembros de la Guardia Civil, para que elaborase un informe con las posibles conductas delictivas en torno a la movilización feminista de la capital de España y el grado de responsabilidad de Franco. Según  el artículo 126 de la Constitución, estos agentes, así como su trabajo, solo dependen de los tribunales y del Ministerio Fiscal, ante quienes tienen que rendir cuentas. De hecho, la propia magistrada le recordó al Gobierno el pasado martes que la Policía Judicial debe «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte que la infracción de dicho deber puede dar lugar a responsabilidades penales.
Sin embargo, según fuentes cercanas al Instituto Armado, el Ejecutivo quería conocer los detalles del informe que había sido enviado a la magistrada. Por eso, dos mandos de la Benemérita, por órdenes superiores, exigieron al jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que les explicase las averiguaciones de los agentes. El oficial les contestó a ambos que desconocía el contenido del documento y que, además, no iba a preguntar por él, ya que no tenía esa potestad según la ley. La tercera llamada que recibió De los Cobos, explican esas mismas fuentes, fue la de la directora del Cuerpo, María Gámez, que le comunicó su destitución, incidiendo, asimismo, en lo «delicada» que era la investigación para el Gobierno.
riesgo conocido. Poco después de conocerse el cese del mando del Instituto Armado, el ya célebre documento fue filtrado a los medios de comunicación, a pesar de encontrarse bajo secreto judicial. En las 83 páginas del informe, los agentes certifican que no debió permitirse ninguna manifestación en la capital de España desde el 5 de marzo y que las autoridades gubernamentales tenían un «profundo conocimiento» de los riesgos de transmisión de la COVID-19 en los días anteriores al 8-M. Unas conclusiones que dejan en una posición incómoda al delegado del Gobierno en Madrid, puesto que le acercaría al banquillo.
Tras salir el documento a la luz pública, dirigentes de la izquierda, especialmente de Unidas Podemos y de los partidos independentistas catalanes (no hay que olvidar que De los Cobos dirigió el operativo del 1-O y su testimonio fue clave en el juicio del procés), y medios afines del Gobierno trataron de desacreditar la investigación policial asegurando que el documento estaba plagado de errores y bulos. Un extremo que, en todo caso, deberá determinar la jueza que lo encargó quien, asimismo, recibió la reprimenda de la Abogacía del Estado, que la acusó de abrir una «causa general» contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia.