La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido que el Ejecutivo está "satisfecho" ante la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia con el fin de que se pueda desalojar a los ocupas de viviendas en 48 horas.

Ha recordado que se trata de una "reivindicación que ha liderado Emiliano García- Page haciendo consciente al gobierno de España de una realidad que es dificil en algunos lugares de la región y del resto de España", por lo que "la presión ejercida por Emiliano García-Page en primera persona ha servido para que en el Gobierno de España se hagan reformas que son necesarias acometer para ser eficaces en la lucha contra la ocupación ilegal". Unas enmiendas que pretenden terminar con los problemas que las personas afectadas por la ocupación se encuentran "para que sea eficaz recurrir al juzgado" y con las que  "se establece un tiempo máximo de 48 horas para que el juez establezca medidas cautelares de desalojo y se habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que realicen atestados sobre una situación de ocupación que puedan servir para abrir una denuncia". En definitiva unas medidas que "van dirigidas a reducir los tiempos de espera" ha resumido la portavoz. 

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha querido reconocer el derecho que propietarios y propietarias tienen a conservar su vivienda y ha instado a "no caer en demagogia". 

El fiscal dice a los particulares que no se alarmen. Precisamente esta mañana el fiscal superior de Castilla-La Mancha presentaba la memoria anual de la Fiscalía en las Cortes. En lo relativo a la ocupación ilegal, señaló que para los particulares «no es un problema que tenga una especial incidencia y no debe haber alarma».
Emilio Fernández García explicó que cuando se produce la ocupación de la vivienda de un particular, aunque sea una segunda residencia, la normativa actual garantiza una «actuación legal y pronto desalojo». Por eso señala que «no es un problema grave desde el punto de vista judicial». Circunscribe el problema de la ocupación, por tanto, al de las viviendas de titularidad de los bancos o de fondos, cuando a veces se ocupan incluso bloques enteros.