Resulta difícil de comprender el malestar de algunos comerciantes ante la ciudad administrativa en el viejo hospital del Carmen que lleva vacío más de 15 años y también lo contrario. Son muchas las razones esgrimidas a favor y en contra de la medida, pero muy pocas las que justifican con argumentos válidos la decisión en el 2022 para restaurar un edificio con esas dimensiones y por ese montante económico. No hay sobre la mesa los pros y contras del cambio y especialmente el retorno de la inversión en una ciudad tan necesitada de otras actuaciones. Como tampoco la alternativa de los edificios que quedarán vacíos.
A priori, la centralización en un solo edificio favorece al ciudadano en su gestión y permite a la ciudad organizar el tráfico y el aparcamiento. Una parte importante de los usuarios viene de la provincia y al estar en la periferia los servicios administrativos les resultará más cómodo. Igualmente, el transporte urbano puede canalizarse hasta la nueva ciudad administrativa como sucede con el Hospital. Ya hay otros edificios como juzgados y Jefatura Provincial de Tráfico que están fuera de rondas y funcionan. 
Sin embargo, ahí están las protestas y se alzan voces. Lo hace la hostelería, crecida por su papel libertario en la reciente pandemia, rugiendo por el café de los funcionarios y que se apoya en el comercio local. Un comercio, fundamentalmente franquiciado, que aprovecha para reivindicar su estado crítico ante la impotencia que tiene frente a sus propias marcas porque ve cómo desaparecen sus clientes en la comercialización digital. Y se suman, cómo no, los pequeños inversores, dueños de locales cerrados desde hace años, que ven frustrada su renta de jubilación porque los bazares chinos han acabado con el comercio no textil. Protestan, en definitiva, porque la ciudad se muere y ven en el cambio una amenaza aún mayor a su maltrecha economía. Protestan porque el modelo de ciudad que tienen se transformará sin alternativa. 
En estos momentos, una inversión que, después de quedar desierta, llegará probablemente a los 35 millones de euros, más lo que gaste el Ayuntamiento en el entorno creando nuevos espacios y aparcamientos, cercano a otros 5 millones, en un edificio administrativo sin estudio del retorno de la inversión para la administración y para la propia ciudad cuesta comprenderlo. 
Estamos ante una administración regional en plena reconversión que cambiará su forma de prestar los servicios al ciudadano, con considerables reducciones de personal en los próximos años por las bajas vegetativas y la digitalización de los procesos administrativos, y donde las delegaciones provinciales terminarán siendo una ventanilla digital única para optimizar los recursos económicos y poder garantizar los servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales. Quizás, falte esta explicación, para evitar pensar en una megalomanía que solo sirve para perpetuar a sus promotores y que acaba repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. 
La ciudad necesita de importantes inversiones como es el cerramiento de la segunda ronda para garantizar de forma ordenada los crecimientos urbanísticos. De la variante de la N401 para llegar hasta la A43 y de la N420 para conectar con la autovía a la altura de Alarcos evitando el tráfico pesado. Necesita adecentar los accesos por carretera a la ciudad, especialmente por la carretera de Carrión, modernizar la actual ronda de circunvalación, arreglar los acerados y asfaltar toda la ciudad, Y esto solo por citar algunas necesidades. Además, claro está, de empleo porque sin trabajo comenzaremos a decrecer. El destino de la inversión del viejo hospital en otros fines, el remanente municipal y los ingresos extraordinarios por IVA, que en total pasan de 60 millones, pueden suponer una transformación social y urbana que reporte mayor beneficio.
El viejo hospital puede ser destinado a otros usos donde la administración provincial puede incluso obtener recursos económicos de su explotación mediante una concesión para residencia geriátrica, por ejemplo, y crear puestos de trabajo. Resulta curioso que la empresa privada viene a Ciudad Real a invertir en residencias y el antiguo hospital, susceptible de reconvertirse para estos usos, se convierte en un edificio administrativo. 
No está la ciudad, ni la coalición, para andar con conflictos entre los ciudadanos y su administración local y regional por la falta de explicaciones y hacer del trasladado un empecinamiento, sin un riguroso debate previo, bastante sufrimos las consecuencias de una administración local ralentizada y a sus ediles en posición de prevengan, por los cambios en las alcaldías, como para entrar en una contienda con los comerciantes y ciudadanos. La falta de ofertas al proyecto constructivo y su paralización temporal quizás pueda ser una oportunidad para realizar el debate público, inexistente hasta ahora, del modelo de ciudad que quieren los ciudadanos, incluida la ciudad administrativa. Sin una inversión ordenada que reporte beneficios a toda la sociedad es imposible avanzar y la prioridad del viejo hospital provincial ofrece dudas.