El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un nuevo recurso de la Fundación Francisco Franco en el que pide la suspensión del último acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación del dictador antes del 25 de octubre.

La Fundación ha pedido la suspensión de dicho acuerdo en un recurso en el que sostiene que un gobierno en funciones no puede adoptar ese tipo de decisiones y que los tribunales de justicia deben pronunciarse también sobre ese acuerdo como hicieron sobre el decreto de exhumación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha admitido hoy el recurso y ha formado una pieza separada para ver si adopta medidas cautelares. Para ello, da tres días de plazo a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la suspensión del acuerdo que pide la Fundación Franco. De acuerdo con la resolución del Supremo, el magistrado Pablo Lucas será ponente del actual recurso.

Para hacerlo, el Supremo ha dado 20 días al Ministerio de la Presidencia para remitir el expediente administrativo relativo al acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre en el que se decidió que la exhumación se realizará antes del 25 de octubre en una fecha que será comunicada con 48 horas de antelación a la familia.

El Ejecutivo tomó esa decisión después de que la pasada semana el Supremo levantara la última barrera judicial para llevar a cabo el desenterramiento y traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio.

El alto tribunal, que ya había sentenciado a favor de la exhumación y reinhumación del dictador, levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre tres recursos que todavía seguían vivos, uno de ellos de la propia Fundación Franco.

Ahora, en su escrito al Gobierno, la Fundación considera que el Consejo de Ministros se ha extralimitado de sus competencias al no esperar a la resolución del recurso contencioso-administrativo sobre la legalidad urbanística de la exhumación actualmente pendiente en un juzgado de Madrid. Considera además, que la decisión del Gobierno de dar por concluido el procedimiento y ejecutar la exhumación viola el "principio de neutralidad política en período electoral" recogido en la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General (LOREG). 

Pulso entre los Franco y Carmen Calvo

Por su parte, la familia Franco ha pedido formalmente al Gobierno que rinda honores militares y cubra el féretro de su abuelo con una bandera de España durante el traslado y posterior inhumación de los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, una vez sea exhumado del Valle de los Caídos. 

Así consta en un escrito que dirigió el abogado de los nietos de Franco, Luis Felipe Utrera Molina, al Consejo de Ministros, y donde solicita asimismo para sus representados el título funerario sobre el panteón en que se inhumará al dictador y donde reposan ya los restos de su mujer, Carmen Polo. 

El título funerario es el documento que acredita la adquisición del derecho de uso de una unidad de enterramiento y ha de presentarse para solicitar servicios de inhumación, exhumación y traslado de cadáveres y restos. 

La titularidad de los derechos funerarios en relación con el panteón donde se enterrará a Franco era de Patrimonio Nacional hasta mayo pasado, cuando, a instancias del organismo que se encarga de los bienes destinados primordialmente al uso de la Familia Real, se desafectó de Patrimonio Nacional y quedó integrado en el patrimonio de la Administración General del Estado. 

Con respecto a los honores militares, el Gobierno los ha rechazado en reiteradas ocasiones. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, explicaba esta misma tarde en una entrevista en Onda Cero, que no va a haber "nada de eso". 

Calvo ha argumentado que una democracia no puede rendir "ningún tipo de honores ni reconocimiento" al dictador, al que precisamente se saca del Valle de los Caídos para que su figura no está enaltecida en un monumento junto a las "víctimas que él provocó".