El borrador de la reforma de la Ley del Juego confirma la intención del Gobierno regional de poner freno a la excesiva proliferación de salas de juego y apuestas. El texto, al que ha tenido acceso La Tribuna, marca una distancia mínima de 150 metros entre un local y otro y prohibe la instalación de este tipo de recintos a menos de 300 metros de la puerta de un colegio o instituto. ¿El objetivo? Evitar la concentración de este tipo de locales y «garantizar la protección de los menores, por la vía de evitar que la cercanía de dichos locales se convierta en un reclamo» o «parte natural de su cotidianeidad».

Una normativa que responde a una demanda social (en octubre de 2019 cerca de 200 organizaciones sociales, políticas y sindicales se manifestaron en diferentes puntos del país contra la proliferación de este tipo de locales), y que confirma las medidas ya tomadas al respecto por el Ejecutivo regional, como la de paralizar la concesión permisos para la instalación de estos locales hasta 2023.

Con esta ley se corrige en parte la liberalización del juego auspiciada en 2013 por el Gobierno de Cospedal. Una medida que ha favorecido que las salas de juego y apuestas «hayan prosperado como setas», tal y como ha advertido el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, en más de una ocasión.

Lo que se busca con esta ley es potenciar las medidas de control en el ejercicio de la actividad del juego, superando su naturaleza de mera actividad económica, para poner el foco también en sus repercusiones sociales.

En esta línea, el borrador de esta nueva Ley del Juego refuerza el control del acceso a los locales donde se juega. Se exigirá que todas sus entradas cuenten con un sistema automatizado y homologado de control, destinado a impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido. Un sistema que tendrá que estar permanentemente actualizado.

Y también se endurece el régimen sancionador, con multas de hasta 600.000 euros. Dentro de este catálogo de infracciones muy graves se incluye la de permitir el acceso a locales de juego a personas que lo tengan prohibido (entre otras, los menores).

Esta nueva Ley del Juego podría salir de las Cortes en el primer semestre de 2021 y va en la línea de las medidas que ya se están imponiendo o estudiando regiones vecinas como Andalucía y Valencia.

La publicidad del juego queda prohibida de puertas para fuera de los locales

Otra de las medidas que incluye el borrador de la Ley del Juego es la prohibición general de la publicidad del juego de puertas para fuera de los locales. También  quedarán vetadas todas las promociones que inviten a jugar, tales como obsequios, regalos o consumiciones gratuitas o por precio inferior al de mercado.

Una vez que entre en vigor esta ley (probablemente a lo largo de 2021), los propietarios de estos locales tendrán tres meses para eliminar de sus fachadas toda la carterlería que ‘invite al juego’ en el exterior.

A priori, quedan excluidos de esta prohibición los patrocinios, siempre y cuando estos se limiten a insertar el nombre comercial de la empresa, los juegos organizados por entes de derecho público, o la publicidad que, sin incitar a su realización, tenga por objeto la mera información y la implantación de nuevas modalidades de juegos. No obstante, en todos estos casos será necesaria una autorización administrativa previa.

En esta línea destaca también la creación del Observatorio del Juego,  en el que también participarán las Consejería de Sanidad y Educación y que podrá contar con la participación de personas expertas con competencia técnica reconocida, representantes empresariales, sociales y de otras Administraciones cuya asistencia resultase de interés. Entre sus funciones destaca la de promover y elaborar estudios e informes que analicen el impacto del juego en la sociedad y los posibles efectos que una práctica no adecuada puede producir, así como la promoción de toda clase de propuestas que sirvan para la puesta en marcha de acciones orientadas al juego responsable.

Los municipios podrán declarar  ‘zonas saturadas de locales de juego’

Uno de los principales problemas que busca solucionar esta reforma de la Ley del Juego es el de la concentración de locales de juego en determinados barrios o poblaciones. En Castilla-La Mancha, con datos de 2018, hay 224 establecimientos dedicados al juego. A la cabeza se encuentra la provincia de Toledo, con 73 locales abiertos.

En este sentido, la disposición adicional sexta de este borrador recoge la facultad para que los municipios declaren todo o parte de su término como ‘zona saturada de locales de juego’,  previa autorización de la Junta de Comunidades.

Este borrador aborda también una mayor detalle en la regulación del Registro de Interdicción, como libro o sección específica del Registro General de Juegos de la comunidad autónoma, a fin de hacer posible la prohibición de acceso al juego tanto a aquellas personas que, por sí o a través de sus representantes, expresen su voluntad de ser excluidos de la práctica del juego, como a quienes, por sentencia judicial firme, hayan sido incapacitados.