"Un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones" es el que han sufrido los registros de la provincia de Ciudad Real y al que ayer puso cifras el TSJ de Castilla-La Mancha: en un año, las cifras de liciencias para enterrar a personas en la provincia casi se han triplicado, al pasar de las 470 del año pasado a más de 1.160 de este marzo marcado por la pandemia del coronavirus.

El TSJ analiza "las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos" al mismo tiempo que pone de manifiesto "las dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus. Todo ello debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma".

En Ciudad Real, la estimación que realiza el TSJ es que entre las muertes confirmadas por COVID-19 y las sospechosas que se pueden atribuir a este virus se contabilizaron en marzo 852 defunciones, esto es, casi tres de cada cuatro personas que han muerto en marzo en la provincia lo hizo por coronavirus, el mayor porcentaje de las cinco provincias de la región. Desde el TSJ se insiste en que aquí se suman fallecimientos en los que la causa es e lCOVID o hay "una sospecha compatible con COVID, referenciando como sospecha aquellos supuestos en los que se recoge dicha probabilidad o sospecha en la certificación médica o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa".

Como consecuencia de estos datos, se ha dictado Acuerdo por la Presidencia del TSJCLM dirigiendo prevención a los Jueces Encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, se vele por que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el Coronavirus Covid. Solicitando, si se considera necesario, dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo si fuera preciso al forense de guardia en el Partido Judicial. Y que, a su vez, auxilien en sus dudas a los Juzgados de Paz y personal de las Agrupaciones en este tipo de cometidos.

El incremento de la evolución de las licencias de enterramiento de un año a otro llega al 147%, el más alto de toda Castilla-La Mancha, en una provincia donde en los dos últimos años fallecieron a lo largo del mes de marzo 470 personas en 2019 y 463 en 2018.

Desde la Presidencia del TSJCLM se resalta y reconoce "la función que están realizando los jueces encargados de los registros civiles y los funcionarios y personal a su servicio, así como la de los Juzgados de guardia que ejercen como registros fuera del horario de los mismos, muchas veces sin medios de protección individual. Subrayando la garantía que su correcto desempeño supone para una constatación numérica absolutamente fiable y certera de las consecuencias de la enfermedad sobre las defunciones de las personas afectadas".