El primer semestre del año está siendo «muy malo» en siniestralidad laboral por el número de fallecidos en accidente de trabajo. Ha habido un repunte respecto al año pasado y en el primer semestre del año se están investigando cuatro accidentes de trabajo con víctimas mortales por ser en principio constitutivos de delito. La Fiscalía abre diligencias cuando el accidente laboral comporta responsabilidad penal. Las estadísticas del Gobierno y de los sindicatos recogen todos los accidentes laborales, incluidos los in itinere, que no tienen responsabilidad penal y, por tanto, no desembocan en la Fiscalía, explica a La Tribuna la fiscal delegada de Siniestralidad en la Fiscalía de Ciudad Real, Gema Romero del Hombrebueno Lara, que considera «alarmante» el número de trabajadores fallecidos en los primeros seis meses del año y asevera que «no se pueden relajar las medidas de protección».

La fiscal hace un llamamiento a los empresarios y también al trabajador, que es la parte más débil. «No tiene que confiarse porque sea un trabajo mecánico que se hace con mucha asiduidad. No puede confiarse», reitera.

Al empresario le insta a no relajar las medidas de seguridad, al tiempo que le recuerda que no facilitar medios de prevención de riesgos para que los trabajadores desempeñen su labor con las medidas de seguridad e higiene que se requieran implica responsabilidades penales que pueden agravarse en caso de lesiones graves o muerte. Esta conducta se castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel en el caso de homicidio imprudente, además de multa y sumas «cuantiosas» por indemnizaciones si el trabajador muere o sufre lesiones graves e incapacitantes, destaca la fiscal delegada de Siniestralidad Laboral tras afirmar que hay una respuesta contundente por parte de la Fiscalía.

«Es alarmante la cifra de trabajadores muertos" - Foto: Rueda VillaverdeEn la entrevista concedida a La Tribuna, Romero del Hombrebueno reconoce que hay mayor concienciación en las empresas a la hora de facilitar los medios de protección a los trabajadores, aunque también insiste en que hay cierta relajación. La fiscal pone el acento en las medidas de protección, pero también subraya que «no basta con cumplir formalmente los requisitos referidos a la seguridad laboral», ya que de nada vale tener un plan de prevención de riesgos laborales si no se lleva a práctica. A modo de ejemplo, refiere el caso de trabajadores que tienen que llevar un arnés para realizar la faena en un tejado, pero de nada vale si no hay un punto de amarre seguro. «Tienen que proveerles de un arnés y establecer un punto de amarre para que estén seguros, que les permita moverse sin problemas y si caen no impacten contra el suelo», remarca la fiscal delegada de Siniestralidad Laboral en clara alusión a que las medidas de protección «tienen que estar implementadas de forma correcta para que sean efectivas».

Un elevado porcentaje de los procedimientos que se incoan en la Fiscalía de Siniestralidad Laboral responden al ámbito de la construcción, caídas desde altura por regla general. De hecho, los cuatro accidentes de trabajo con víctimas mortales que se están investigando han sido por caídas. El primero ocurrió en Poblete, el pasado mes de enero. Un hombre falleció cuando realizaba trabajos de albañilería y cayó de una altura de 6,9 metros. En abril otros dos trabajadores perdían la vida, uno de ellos se precipitó al vacío desde una altura de seis metros cuando accedía a una cubierta a través de una plataforma elevadora. El otro cayó desde nueve metros. Ocurrió en Alcázar y se está investigando, como también el accidente laboral ocurrido en Manzanares, el pasado 9 de junio. En esta ocasión cayó en el interior de una arqueta. En todos estos casos se está en un momento muy incipiente de la investigación, pero todo apunta a que no había medidas de protección.

«Se sigue trabajando en condiciones muy lamentables hoy en día, aunque parezca mentira» y después de haberse conseguido reducir la siniestralidad de tiempos pasados, indica Gema Romero tras destacar la implicación y sensibilidad de la Fiscalía de Ciudad Real, con el jefe Luis Huete a la cabeza, para velar por los derechos e indemnidad de las víctimas. En este sentido, Romero considera imprescindible agilizar la instrucción y reducir los tiempos de enjuiciamiento porque «ni víctimas ni acusados pueden verse sometidos ocho años a un procedimiento porque no es Justicia».

La Fiscalía hace todo lo que está en su mano para agilizar la instrucción. De ahí que promueva las conformidades. «Lo aconsejable es intentar alcanzar un acuerdo una vez cerrada la instrucción» para evitar al trabajador o familiares en el caso de accidentes mortales un sufrimiento mayor, que pasen los años sin la indemnización. «Hay trabajadores que se han quedado tetrapléjicos y necesitan muchísima ayuda y familias en situación precaria, porque el padre ha resultado herido o fallecido», subraya la fiscal, quien añade que a veces no se pueden agilizar las causas ya que hay muchas partes interesadas: empresas, subcontratas, compañías aseguradoras ... «Todos tienen derecho a su defensa», concluye la fiscal.