Un nuevo Govern de coalición entre JxCat y ERC «sería un Vietnam diario», pronosticó tras las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero Joan Tardà, exportavoz del bloque republicano en el Congreso de los Diputados, un vaticinio que se está viendo confirmado de manera anticipada: la negociación para la investidura de Pere Aragonès continúa encallada dos meses después de haberse celebrado los comicios regionales y un acuerdo se antoja aún lejano.
La mayoría absoluta obtenida por las fuerzas independentistas en las urnas -con 74 de los 135 escaños del Parlament- parecía a priori allanar el camino a la reedición de la ya de por sí tensa alianza entre ERC y JxCat, con mayor implicación esta vez de la CUP en la gobernabilidad.
Pero la rivalidad crónica y la pugna estratégica entre los dos actuales socios del Govern en funciones están convirtiendo el nombramiento de Aragonès como próximo president de la Generalitat -actualmente ejerce como tal, pero en funciones- en un nuevo pulso agónico que parece no tener fin, mientras el reloj sigue corriendo en su camino hacia la repetición de los comicios.
Celebrar nuevas elecciones es un escenario que ninguna fuerza parece querer, aunque se trata de una posibilidad cada vez más factible si persiste el actual bloqueo. Una situación que puede desgranarse en las siguientes claves.
Fecha límite: el 26 de mayo
El 14-F, ERC obtuvo 33 escaños, uno más que JxCat, y según el pacto tácito entre independentistas corresponde a los primeros la Presidencia de la Generalitat, pero Aragonès ya acumula dos votaciones fallidas de investidura por la abstención de Junts.
El bloque republicano cerró primero un acuerdo con la CUP, pero los 32 votos de JxCat son imprescindibles para investir al republicano, que esperaba ser elegido antes de la Diada de Sant Jordi, el 23 de abril, o del fin del estado de alarma, el 9 de mayo, fecha más verosímil. JxCat ha aplazado su congreso extraordinario del 24 de abril hasta los días 7 y 8 de mayo, lo que permite pensar en un posible acuerdo previo, aunque el límite es el 26 de mayo: si en esa fecha no ha habido investidura, serán convocadas nuevas elecciones.
¿Dentro o fuera?
Tanto el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, principal negociador de su partido, como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y otras voces de este espacio han planteado la posibilidad de, si no hay consenso antes del 26 de mayo, investir a Aragonès y pasar a la oposición.
Es un escenario que abocaría a ERC a un débil Govern en solitario, o con algún socio a su izquierda -la CUP o En Comú Podem-, aunque en las filas republicanas se percibe como un farol de JxCat. De hecho, fuentes de JxCat ven «muy improbable» quedar fuera del ejecutivo autonómico y, de hecho, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ya se ha pronunciado públicamente a favor de que su partido esté en el futuro gobierno con ERC.
El papel de Puigdemont
Uno de los escollos iniciales para el acuerdo fue el papel que debe jugar en esta legislatura el Consejo por la República, espacio parainstitucional liderado por el expresident fugado Carles Puigdemont desde Bélgica.
Aragonès ya advirtió en el discurso de su investidura fallida que no admitirá «tutelas», en alusión al Consejo por la República, y ERC y la CUP han pactado crear un espacio autónomo de coordinación entre las fuerzas independentistas, al estilo del Estado Mayor del procés que organizó en la sombra el referéndum unilateral del 1-O.
La solución pasaría por crear este nuevo Estado Mayor, para coordinar los próximos pasos del procés, e insertarlo bajo el paraguas del Consejo por la República, sin arrinconar a Puigdemont.
El rumbo del procés
El acuerdo entre ERC y la CUP prevé dar dos años de margen a la mesa de diálogo con el Estado, para evaluar en 2023 sus frutos y decidir si se sigue por esta vía o se emprende un «embate democrático» que podría traducirse en otro referéndum de autodeterminación.
JxCat exige mayor concreción en el plan b y, en lugar de poner el énfasis en buscar una salida negociada con el Estado, en la que no confía, pide prepararse para retomar la vía unilateral para hacer valer el más del 50 por ciento de votos a listas secesionistas el 14-F.
Unidad estratégica
Para evitar los enfrentamientos de la legislatura anterior, ERC y JxCat negocian constituir comisiones de seguimiento del acuerdo, para monitorizar su cumplimiento y sofocar posibles crisis.
¿Pero debe haber unidad de acción del independentismo más allá de un Govern de coalición y del Parlament? JxCat cree que sí, en cualquier ámbito institucional, para desplegar la hoja de ruta que se acuerde y para presionar al unísono al Estado, pero no lo ve igual ERC, que quiere disponer de margen de maniobra en Madrid.
Los republicanos disponen de 13 escaños en el Congreso, más que todas las demás fuerzas separatistas juntas, y de hecho JxCat solo tiene cuatro diputados ya que rompió relaciones con el PDeCAT, que también tiene cuatro, por lo que ERC se niega a supeditar a Junts su apoyo en cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado o en leyes e iniciativas en los que pueden llegar a marcar un perfil propio.