La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo12 de enero a una mujer de Almadén para la que la Fiscalía pide una condena de cuatro años de prisión como presunta autora de delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, a través de investigaciones policiales se tuvo conocimiento que el hermano de la acusada se dedicaba a adquirir y distribuir a terceros sustancias estupefacientes, en concreto cannabis y cocaína en la localidad de Almadén.

Por ello se incoaron diligencias previas en el juzgado de Almadén en las que se formuló escrito de acusación contra el hermano de la acusada por un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales y de las que se dedujo testimonio relativo a la investigación patrimonial de su hermana, que dieron origen a este nuevo caso.

En dichas diligencias existían indicios de que el hermano de la acusada podría estar valiéndose de familiares cercanos para blanquear el dinero procedente del tráfico de sustancias estupefacientes, habiéndose formulado escrito de acusación contra otros familiares del mismo, según el ministerio público.

El fiscal mantiene que en el caso concreto de estas diligencias se constató que la acusada "con conocimiento de su origen en el tráfico de drogas y con ánimo de encubrir su origen" adquirió varias fincas registrales mediante el pago con dinero en efectivo.

La investigación patrimonial determinó que en 2015 tuvo unos ingresos de 5.450,54 euros por prestaciones y 433,5 euros como trabajadora del Ayuntamiento de Almadén, teniendo en dicho año las dos cuentas de la que era titular un saldo de 45,81 euros y otro a 0 euros a 31 de diciembre de 2015.

En 2016 tuvo unos ingresos de 3.452,48 euros por prestaciones y 2.129,25 euros como trabajadora del Consistorio almadenense, y ese año las tres cuentas de las que era titular tuvieron un saldo de 45,81 euros, otro a 0 y otra de 443,52 euros a finales de año.

A su vez, en 2017 tuvo unos ingresos de 3.686,04 euros por prestaciones y 1.161,77 euros como trabajadora por cuenta ajena, teniendo en dicho año las cuentas de las que era titular un saldo de 21,81 euros , otro a 0 y otra de 342,99 euros a final del ejercicio.

Después, en el ejercicio de 2018 percibió unos ingresos por prestaciones de 291 euros y como trabajadora por cuenta ajena 576,71 euros, mientras que sus cuentas tenían al finalizar la anualidad, el 31 de diciembre, 0 euros, 0 euros y 88,82 euros.

Y en 2019 tuvo unos ingresos de 5.859,45 euros como trabajadora del Ayuntamiento y 328,50 por prestaciones, y ese año las cuentas de las que era titular tenían saldos de 1.259,56 euros y de 0 euros a 31 de diciembre, mantiene el fiscal.

Para el representante del ministerio público, estos hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, por lo que estima que procede a imponer a la acusada la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago una multa de 24.000 euros por la responsabilidad personal subsidiaria.