La Asociación de Rehalas Regionales Españolas (Arrecal) ha advertido que el proyecto de ley de Bienestar Animal contempla sanciones desproporcionadas, lo que la convierte en una amenaza a medio plazo para el mundo rural y el sector cinegético, a pesar de las modificaciones introducidas durante su tramitación.

En un comunicado de prensa, Arrecal ha considerado que el texto que se está tramitando sigue planteando "severos problemas para el futuro de la caza y el mundo rural", porque incluye "doctrinas animalistas sesgadas y carentes de rigor científico-técnico" en la legislación nacional vigente.

Según la entidad, las sanciones que incluye "son absolutamente desproporcionadas", ya que en algunas infracciones alcanzan los 200.000 euros, y ha puesto como ejemplo que las muy graves de la normativa de tráfico son de hasta 20.000 euros.

Esta sanción puede aplicarse, por ejemplo, si se da el caso de un atropello con muerte de un "gato comunitario", una nueva definición de lo que hasta ahora era un gato callejero, lo que puede llevar al absurdo de que sea más gravosos económicamente atropellar a un gato que a un niño, ha argumentado Arrecal.

Otro de los aspectos más preocupantes de la norma, para la asociación, es el exceso de poder que deja en manos de las denominada entidades de protección animal, término con el que se refieren a protectoras claramente contrarias a todo lo relacionado con la caza, la ganadería o la biodiversidad y excluiría de esa calificación de entidades de protección animal a los colegios de veterinarios o las propias federaciones de caza, por ejemplo.

En este sentido, Arrecal ha apuntado que si la ley sale adelante en sus actuales términos estas protectoras serán competentes en las actuaciones sobre protección animal y especialmente en la formación en valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales.

Y ha añadido: "Todo ello sin base científica o técnica, y vista su trayectoria, todo indica que aprovecharán para adoctrinar desde el animalismo radical", ha criticado Arrecal, que ha añadido que "también serán los agentes transmisores de información oficial en instrumentos para el control y seguimiento de la protección y bienestar animal, loque les da vía libre para hacer oficial información falsa, sesgada o interesada, como puede ser la difusión del bulo de los 50.000 galgos abandonados".

Asimismo, ha señalado que se integrarán como colaboradoras en las unidades de inspección e interesados en el procedimiento, "pese a su incompetencia técnica y parcialidad; y que se financiarán a través de las sanciones generadas por sus propias denuncias contra colectivos como los ganaderos o los cazadores", han señalado.

El presidente de Arrecal, Felipe Vegue, ha aseverado: "En resumen, se estructura legal y económicamente la nueva Gestapo animalista contra el mundo rural".

Otro de los aspectos que la asociación de rehalas sitúa entre los más graves de esta norma es que "incluye ideología animalista que se pretende plasmar en una norma con valor legal", como denota el hecho de que "antepone el concepto jurídico indeterminado de 'derechos de los animales' al científico del bienestar animal, primando la óptica animalista de la humanización animal".

Además se incluye, "de forma errónea o mal intencionada", la obligación de que el transporte de aquellos animales de compañía destinados a actividades deportivas o lúdicas, incluidas las cinegéticas, que se efectúe mediante remolques, carros o jaulas, disponga de un sistema de climatización, ya que según Arrecal no existe ninguna normativa europea ni internacional que recoja este extremo.