El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que ahora pasará a las Cortes, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir con uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha asegurado que el texto "respeta plenamente las competencias autonómicas".

Será la primera ley que regulará este derecho constitucional, e incorporará medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a ella a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles.

La titular del departamento ha calificado de "imprescindible" el contenido de la futura norma, que viene a solucionar problemas ante los que "el mercado se ha mostrado ineficaz".

"Esta ley no va en contra de los propietarios sino de la especulación", ha recalcado Sánchez.

Sobre el informe del CGPJ

Mención especial ha dedicado la ministra al informe desfavorable emitido la pasada semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto particular de cinco vocales del sector progresista.

En este sentido, ha manifestado su "respeto absoluto" por el criterio del órgano de los jueces, si bien ha recordado que el documento es "preceptivo, no vinculante".

"El Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda para conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para promocionar casas dignas y asequibles a los más vulnerables y débiles, no invade competencias autonómicas", ha recalcado Sánchez.

En cualquier caso, ha añadido, "analizamos con detenimiento el informe del CGPJ y se han incorporado algunas de las observaciones y comentarios que mejoran la ley desde el punto de vista de la técnica normativa", esto es, "que aclaran el entendimiento entre competencias del Estado y de las comunidades autónomas".

El sector rechaza la ley

Profesionales de distintos ámbitos relacionados con el mercado inmobiliario han criticado este martes la ley de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros, norma según ellos innecesaria que reducirá la oferta y podría elevar los precios del alquiler en vez de rebajarlos.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ve "innecesaria e injustificada" la norma, y recuerda que en otros piases donde se han puesto en marcha medidas similares no solo no ha logrado bajar los precios, sino que estos han subido.

"Tenemos en España un ejemplo muy cercano como es Cataluña, que desde septiembre de 2020 en que se intervinieron los precios de los alquileres, estos han subido más que en otras comunidades autónomas", advierte José Ramón Zurdo en nombre de la citada agencia.

Además, la ley "ataca la libertad de los arrendadores y va a reducir la oferta, con lo que los precios subirán o se mantendrán altos, o se desplazará la subida hacia otras zonas donde los precios no estén limitados (zonas no tensionadas)", añade.

La firma de abogados Abencys Carlos Grande apunta a "una posible restricción a la libertad de empresa constitucionalmente protegida que, además, desincentivará a los inversores en aquellas comunidades autónomas que la apliquen".

Abencys prevé "falta de incentivos y el aumento de dificultades para inversores y propietarios dentro del sector inmobiliario", lo que podría ahuyentar a posibles inversores, además de hacer peligrar la permanencia de los ya existentes.

El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, considera que la ley se ha hecho "de espaldas a inquilinos, arrendadores y jueces", y recuerda que "ninguna limitación de precios del alquiler aplicada hasta ahora ha beneficiado a los inquilinos, sino que por el contrario, ha reducido la oferta y su calidad", añade.

Carroza explica que "las reglas para definir una zona tensionada y la propia intervención de los precios está poco definida, es inconcreta y genera incertidumbre en el mercado".

La patronal madrilen?a de Intermediacio?n Inmobiliaria AMADEI coincide en su análisis con el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la inseguridad jurídica que provocan algunos de los conceptos de la ley de vivienda.

"No tiene ningu?n sentido meter con calzador una ley abocada a ser carne de tribunales, pues ya el propio CGPJ avanza su ilegalidad y algu?n partido, como el PP, ha anunciado que la llevara? al Tribunal Constitucional", afirma el secretario general de AMADEI, Jesu?s Manuel Marti?nez Caja.

En el mismo sentido, el portal inmobiliario Fotocasa destaca que la ley "es intervencionista, genera inseguridad jurídica y carece de incentivos suficientes".

La norma ha pasado por alto la opinión del sector, lamenta Fotocasa, así como ha dejado sin abordar los dos ejes fundamentales que intervienen en el mercado del alquiler, que son ofrecer seguridad a los propietarios y proteger a los colectivos vulnerables.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) tampoco respalda la ley, que en su opinión supondrá una reducción de la oferta y limitará la inversión, además de constituir una discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 10 o más inmuebles en alquiler.

Esto implica, en la práctica, una "segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española".