Más de un centenar de limpiadoras se manifestaron ante la sede Fecir en Ciudad Real, convocadas por CCOO y UGT para exigir la firma de un convenio de limpieza que recoja una subida salarial del 4 por ciento y una reducción de la jornada máxima legal a 37 horas semanales, desde las 39,5 horas actuales, por la que hoy comienza una de huelga que, en principio está anunciada hasta el 20 de enero. El colectivo está formado en la provincia por unas 4.000 personas.

Con lemas generalistas como "salario digno, convenio ya" intercalados con otros más específicos, como "Clece, escucha, estamos en la lucha", así como toque de silbatos y algunas pancartas los manifestantes mayoritariamente mujeres, que son la mayor parte del sector reclamaban una actualización de los salarios que compense la subida del IPC.

El responsable provincial de la Federación del Hábitat de CCOO, Antonio Sánchez, señaló que la principal reivindicación es que "se reconozca al sector de limpieza como se debe", para lo que apeló a los homenajes recibidos durante la pandemia en la que quedó claro que "es un servicio esencial, imprescindible". Per advirtió: "No queremos un reconocimiento a través de aplausos o de medallas igual que otros años, sino un reconocimiento a través de un convenio digno".

La parte sindical reclama igualmente que el incremento salarial tenga un efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, puesto que el anterior convenio terminó su vigencia al concluir 2021, por los que los salarios actuales están congelados desde entonces. A ello se añade que "tres de cada cuatro mujeres tienen jornadas parciales", lo que implica unos ingresos por debajo de los 1.000 euros que implica la jornada completa.

Sánchez afirma que la reducción de jornada servirá para que las trabajadoras más desfavorecida se acerquen a esa jornada completa, lo que mejoraría su protección de cara a las prestaciones por desempleo o jubilación.

El dirigente de CCOO coincidió con la secretaria provincial de UGT, Alfonsi Álvarez en la necesidad de subir los salarios del sector ante el incremento de los precios a lo largo de 2022. De hecho la subida que se reclama está muy por debajo del alza que ha experimentado el IPC.

Álvarez insistió en la necesidad de completar los contratos de estas trabajadoras, puesto que "el 75 por ciento de las trabajadoras tienen jornada reducida y eso les hace imposible llegar a fin de mes".

Álvarez denunció la actitud de la patronal durante la negociación de este convenio, a la que requirió que "durante un proceso de negociación colectiva todos tenemos que ceder", y acusó a sus representantes de "faltas de respeto a las trabajadoras, en la mesa de negociación".

La responsable de UGT en la provincia se quejó también de la actuación de la administración pública con los decretos de servicios mínimos. "Son abusivos, estamos totalmente en contra", sentenció.

Por su parte, el secretario general de Fecir, David Plaza, explicó que "la negociación sigue abierta" y no se descarta llegar a un acuerdo, pero al mismo tiempo matizó que "no sería viable un acuerdo que implique un incremento de costes para los clientes", aunque el propósito de la parte empresarial es "llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes".

Desde un punto de vista más personal, entre los manifestantes se encontraba María Aranda, quien explicó a La Tribuna día a día como limpiadora. "Trabajo para tres empresas, voy en ruta de un sitio a otro, por lo que pierdo muchísimo tiempo". Aranda es el sostén de su familia, con tres menores a su cargo y no entiende por qué su sueldo de 900 euros al mes continúa congelado a pesar de los incrementos de precios. "El día que menos trabajo son seis horas y el que más son ocho", aunque matiza que su jornada se alarga mucho más, "salgo de mi casa a las siete de la mañana y hasta las seis no vuelvo", puesto que sus traslados de un sitio a otro "no cuentan como jornada laboral". Pone como ejemplo que ir de la plaza de la Constitución al polígono de Larache "me lleva media hora y eso no cuenta porque trabajo en distintas empresas".

Por su parte, Alicia Martín, trabaja ocho horas en un colegio público, de 6.00 a 9.00 por la mañana y las cinco restantes por la tarde y advierte que su tarea se ha ido complicando porque "no exigen lo mismo aunque haya una fiesta, en que hay que limpiar más que en un día normal". Martín explica que en actualmente su esposo también trabaja, pero aún así los ingresos de ambos no llegan para hacer frente al alza del coste de la vida. Su trabajo le obliga a trabajar inclinada "las mesas de educación infantil son muy baja" por lo que "tengo que limpiarlas con muchísimo cuidado", para prevenir el lumbago.

Marce Díaz tiene una jornada variable que se reparte entre un colegio público y una vivienda particular, aunque su sueldo a fin de mes varía considerablemente en función de las horas que haya trabajado.