El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado prorrogar entre seis meses y un año el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en 16 órganos judiciales de nueve comunidades autónomas en los que su vencimiento estaba previsto para el próximo día 31 de diciembre. Entre estos órganos se encuentran los de Ciudad Real y Toledo
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha dado por concluida la medida en otros seis juzgados ante la significativa disminución de los asuntos pendientes y la normalización en la entrada de nuevas demandas.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el CGPJ ha explicado que, con el informe favorable del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia, y tras haber consultado a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, se ha acordado mantener la especialización durante todo 2023, con carácter exclusivo y excluyente, en 8 órganos judiciales de Cádiz, Málaga, Sevilla, Valladolid, Madrid, Alicante, Valencia y Bilbao.
Asimismo, ha acordado prorrogar la especialización seis meses más --entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023-- en otros ocho órganos judiciales de Ciudad Real, Toledo, Murcia, Castellón, San Cristóbal de la Laguna, Vitoria, San Sebastián y Barcelona, pero este último de forma no excluyente.
Por último, ha decidido poner fin a la medida en los 6 juzgados restantes, en León, Santander, Oviedo, Burgos, Pamplona y Palma de Mallorca.
MEJORA EN LOS INDICADORES
En este contexto, el CGPJ ha recordado que el plan de especialización en cláusulas abusivas fue puesto en marcha el 1 de junio de 2017 y, desde esa fecha hasta hoy, se ha venido prorrogando de forma continuada, en el modo y por el tiempo estimado necesario para cada órgano judicial.
El pasado mes de junio, en el último acuerdo sobre esta materia, la Comisión Permanente dio por concluido el plan en 2 juzgados y lo prorrogó en otros 22 hasta el 31 de diciembre de 2022.
"La evolución experimentada puede calificarse de positiva, tanto respecto de la pendencia como de la tasa de resolución de asuntos, lo que ha permitido ir dejando sin efecto el plan de forma progresiva y de acuerdo con la situación de cada órgano judicial a lo largo de estos cinco años. En general, los indicadores han mejorado a medida que se han ido consolidando el plan de especialización y los refuerzos tanto personales como de medios materiales", ha valorado el CGPJ.
El plan consiste, ha explicado la Comisión Permanente, en la especialización de determinados juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción para la atribución, en el ámbito territorial que se establezca en cada caso, del conocimiento de los asuntos relativos a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).
"La atribución exclusiva de la competencia en esta materia ha permitido, además, la homogeneización de criterios, reforzando de este modo el principio de seguridad jurídica", concluye el comunicado.