Fernando Andújar no va a tener vacaciones... o quizá no debería. El pasado 2 de junio fue designado por las Cortes como el presidente de la nueva Cámara de Cuentas, el órgano que se encargará de fiscalizar y auditar las cuentas públicas de Castilla-La Mancha.Pero no va a tener mucho tiempo para aterrizar, puesto que le toca poner en marcha casi desde cero este organismo. Además la ley no le da mucho margen para recrearse. Según recoge la normativa, tiene tres meses como máximo para elaborar el reglamento de organización y funcionamiento. Es decir, que como mucho lo debería tener finalizado el 2 de septiembre. No es cuestión baladí, puesto que es condición sine qua non para empezar a fiscalizar. 

Eso es algo que recoge también la ley de la Cámara de Cuentas: «Comenzará a ejercer su función fiscalizadora a partir del momento en que se produzca la aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha». Y es que esa es otra. Andújar puede elaborar el reglamento, pero necesita de la aprobación de los diputados del Parlamento autonómico para poder arrancar.

No es el único paso que tendrá que dar para poner en marcha este órgano fiscalizador. También al nuevo presidente le corresponde elegir su equipo. La ley indica que el presidente tiene que nombrar su equipo de auditores, que no pueden pasar de cuatro. Especifica, eso sí, que deben ser profesionales «con titulación académica superior y con más de seis años de experiencia profesional» y que debe velar por la «presencia equilibrada de hombres y mujeres». Asimismo Andújar nombrará la persona que se hará cargo de la Secretaría General de la Cámara de Cuentas. Le corresponde también aprobar la propuesta de relación de puestos de trabajo, aunque necesita la aprobación de las Cortes regionales, el organismo del que depende. En cuanto al presupuesto,  las Cortes lo remitirán a la Consejería de Hacienda para que lo incluya en los Presupuestos de Castilla-La Mancha del año siguiente.

No es la primera vez que en la región hay un organismo fiscalizador. Ya lo hubo anteriormente y se llamaba la Sindicatura de Cuentas, pero la suprimió el Gobierno de Cospedal durante la anterior crisis. Desde entonces esa labor fiscalizadora la ha asumido el Tribunal de Cuentas, un organismo que está en Madrid y que desempeña estas funciones para el Estado y las comunidades autónomas que no tienen organismo propio. Son cinco las regiones que no tenían hasta la fecha un órgano autonómico de fiscalización: Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia, La Rioja y Extremadura. Tampoco lo tienen Ceuta y Melilla. 

La ley deja claro que no quedará ningún año sin fiscalizar al producirse el traspaso de funciones. Recoge que la Cámara de Cuentas empezará con la cuenta general de la Junta del año para el que no haya iniciado actuaciones el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas está ya con el informe correspondiente a 2020, el año de la pandemia

Fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron a La Tribuna que en estos momentos ya están realizando los trabajos de fiscalización de la Cuenta General de Castilla-La Mancha correspondientes a 2020, que no es un año cualquiera, puesto que fue el que llegó la pandemia. Está previsto que este informe se pueda concluir este 2022. 

Habrá que ver, por tanto, quién asumirá la fiscalización del informe siguiente, el correspondiente a 2021. La Junta tiene que presentar la rendición de cuentas antes del 31 de octubre y la cuestión será si para entonces la Cámara de Cuentas estará en disposición de hacerlo, pues además del reglamento, todavía tiene que equiparse con auditores, personal y presupuesto. Cabe la posibilidad de que la nueva Cámara de Cuentas asuma trabajos iniciados por el Tribunal de Cuentas, siempre que haya un acuerdo y con el objetivo de evitar duplicidades. Aquí de nuevo la clave estará en los plazos en los que la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha esté en disposición de empezar a fiscalizar. 

Podrá poner multas de 300 a 6.000 euros 

¿A quién podrá fiscalizar la Cámara de Cuentas? Pues a muchas entidades. Abarca a las Cortes, la Junta y los entes, fundaciones y empresas públicas dependientes de la Administración autonómica, la Universidad de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de la región. Pero la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas también puede llegar a empresas adjudicatarias de contratos, personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones públicas o los partidos políticos.

Entre las prebendas que tendrá la Cámara de Cuentas, podrá optar por realizar el control desde sus propias oficinas, pero también «en la sede de los departamentos controlados». Todas las personas y entidades están obligadas a colaborar con la Cámara de Cuentas. Si no se le hace llegar la información requerida o se incumplen reiteradamente los plazos, la Cámara de Cuentas puede poner multas coercitivas de 300 a 6.000 euros. 

La Junta habilita la segunda planta del Palacio de Benacazón para su sede por 180.000 euros

A comienzos de abril la Consejería de Hacienda adjudicó las obras para habilitar la sede de la nueva Cámara de Cuentas. Estará en la segunda planta del Palacio de Benacazón, un edificio toledano muy cercano a Zocodover, cuya construcción se remonta a los siglos XV y XVI y sede de la Fundación Liberbank. La adjudicación  se ha hecho por 180.000 euros, impuestos incluidos, con una previsión de que la obra durase unos tres meses. 

Según el pliego técnico de la licitación, tendrá una superficie útil de 447 metros cuadrados. El proyecto de licitación exponía que la actual distribución de espacios no permite albergar las necesidades de la Cámara, que son una docena de despachos de entre 10 y 15 metros cuadrados, así como una sala de reuniones y tres zonas de trabajo como locales específicos, además de aseos, almacenes, archivos, office, etc.