La familia de Ascensión P. y de Juan S. cambió para siempre el 14 de octubre de 2012. Acudieron desde Villahermosa al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas para el parto de su tercera hija, Paula, una niña que iba a nacer sana, según los controles previos, pero que por negligencias durante el parto «sufrió un grave y severo daño neurológico». Así se recoge en una sentencia que ha supuesto que el Sescam y las aseguradoras deban pagar la mayor la indemnización en España, 5,5 millones de euros, después de que el ginecólogo y la matrona del centro sanitario de Valdepeñas admitieran los hechos ante el juzgado de lo Penal y se llegara a un acuerdo.
La madre de Paula, acompañada por la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, y el abogado de la entidad en la provincia, Francisco Javier Fernández-Bravo, dieron a conocer su situación, el calvario que ha vivido este tiempo en que ha conocido de cerca las dificultades que hay dentro de la ley de dependencia, entre viajes a Albacete, a más de 100 kilómetros de su hogar, donde se le trata de la paraplejia y se han realizado múltiples intervenciones a su hija.
«Me duele verla cuando se empieza a ahogar», explicó Ascensión, entre lágrimas, durante una rueda de prensa en la que ha recordado los siete años vividos y el hecho de que la indemnización «no calma el dolor» pero puede ayudar a mejorar la vida de su hija. En primer lugar habló del parto, cuando le explicaron que «llevaba una vuelta de cordón» y donde se decidió prescindir de una de las dos cinchas, que se utilizan para monitorizar el feto, así como no hacer caso de otras gráficas que marcaban señales de alarma en cuanto al parto. Ella, explicó, preguntó por la opción de cesárea pero terminó en el paritorio, donde pasó tiempo hasta que lograron que saliera la recién nacida. «El ginecólogo se me puso a apretar en la barriga hasta que Paula salió y cuando la vi de caer, pensé: está muerta», pero le dijeron que solo estaba «dormida». Finalmente descubrió la verdad y estuvieron en Albacete los meses siguientes.
En segundo lugar recordó las dificultades para recibir la dependencia, la falta de ayudas para equipar su vivienda y atender a su hija, algo que lograron con el apoyo de las asociaciones del municipio, de familiares y reutilizando otros elementos como una silla de bebé adaptada o una barca que emplean de bañera, para una menor de siete años. «Las familias no somos profesionales», recordó Ascensión, entre demandas de más recursos profesionales y que se aborde el cambio de vida que implica dedicar 24 horas al día a su hija.
Los 5,5 millones de euros de indemnización surgen de «una sentencia de conformidad para condenar tanto a la matrona como al ginecólogo por una imprudencia profesional menos grave», argumentó el abogado Francisco Fernández-Bravo. La cuantía total se desglosa en 2.591.498 euros de indemnización principal, a las que se suman intereses punitivos a las compañías de seguros, por dos millones de euros, intereses legales por 629.000 euros y una pensión vitalicia para Paula junto a las costas del procedimiento. Fernández-Bravo expuso que la sentencia es apelable, se han presentado de hecho recursos para aclarar algunos puntos, pero es firme, ya que se trata de un acuerdo en el que los profesionales sanitarios se han declarado culpables. «Han sido muchos años de mucha incertidumbre y llamadas de teléfono y al final lo hemos conseguido», dijo Fernández-Bravo, quien reprochó a las compañías aseguradoras que no hayan hecho «nada estos años». «Tienen servicios médicos de salud y podrían haber hecho un simple seguimiento o tratamiento rehabilitador».
«No se sabe cómo alguien que parece que tiene una experiencia dilatada como matrona puede llegar a hacer tanto daño y omitir su propio protocolo de actuación para que nazca un bebé con una situación irreversible», comentó, por su parte, la presidenta del Defensor del Paciente. Flores avanzó que la entidad pedirá a «la Fiscalía que investigue cuántos casos han sucedido» en este hospital y avanzó que se solicitará «la inhabilitación» de la profesional. «Creemos que tanto el Sescam como el Gobierno deben hacer una reflexión sobre qué está pasando en partos», dijo la presidenta de la organización para pedir que «algo» cambie y que no se destrocen más familias.