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«La reforma del delito de maltrato animal cae en esperpento"

D. A. F.
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El abogado y especialista en materia de caza reedita una obra de 2019 al calor del debate sobre la futura ley de protección animal

Santiago Ballesteros. - Foto: Tomás Fernández de Moya

Abogado y especialista de la caza, reedita uno de sus libros, en el que aborda uno de los asuntos más espinosos: el matrato animal y la nueva ley.  Es uno de los expertos a los que consultará el Congreso  para la tramitación de la norma.

¿Cómo surgió este libro?

Publicar tiene mucho de vocacional. El libro se publicó en 2019, aunque se ha reeditado en 2022 en pleno debate sobre la modificación de los delitos de maltrato animal. Este cambio ha provocado una gran contestación social. Los profesionales tenemos la obligación de aportar conocimiento a la sociedad. En este caso se hace un análisis de la situación actual y la propuesta que se debate en el Congreso.

La visión acerca de los animales ha ido cambiando en la legislación europea, ¿qué impulsa ese cambio?

Las sociedades evolucionan a lo largo de la historia. Sin embargo evolución no puede confundirse con hiperregulación. No me canso de repetir que el derecho penal está presidido por el principio de intervención mínima. Es un derecho subsidiario, sólo cuando no existen otras alternativas debe intervenir. Se trata de un principio informador de nuestro ordenamiento. En mi opinión la reforma del delito de maltrato animal, tal y como se tramita hace saltar por los aires ese principio de intervención mínima y extiende enormemente los supuestos en los que se podría incurrir delito. A veces hasta incurrir en el esperpento. 

En ese contexto europeo, ¿en qué parámetros se sitúa la norma propuesta en España?

Yo no soy un experto en derecho europeo. Lo que sí puedo decir es que el texto que se debate en el Congreso requiere una reflexión mucho más profunda. No ha lugar a tramitar de forma urgencia, como si fuera una emergencia. La mayoría de los ciudadanos no se enteran del contenido de las reformas legales y su alcance. Si supieran el alcance de esta norma y sus potenciales efectos muchos la rechazarían. Para empezar se extiende el ámbito de protección a «todos los animales vertebrados», desde una carpa a una rata, lo que sin duda es un exceso.

Uno de los apartados más comentados es el endurecimiento de las penas por maltrato a los animales. ¿Hasta dónde llega ese castigo?

Las penas se elevarían enormente. Matar un animal intencionalmente fuera de actividades 'reguladas' podría suponer una pena de hasta dos años de prisión. Si a eso añadimos que se han incluido nada menos que nueve agravantes (un número elevadísimo) y que las agravantes tienen un efecto de elevar las penas se puede imaginar uno lo que hay. Se incluye un apartado en el que se dice que de concurrir más de dos agravantes se aplicarán las penas en su mitad superior. Es decir, que en el caso de la muerte animal de que cualquier animal vertebrado (un hámster o un mastín) si se dieran dos agravantes habría un riesgo real de entrar en prisión. Por muy reprochable que sea la conducta creo que la prisión es un exceso en este caso concreto. Sinceramente creo que la reforma legal necesita mayor meditación y la respuesta penal debe ajustarse para no incurrir en injusticias y generar un mal mayor que el pretende solucionar. 

La nueva norma afectará a la actividad cinegética, ¿en qué dirección van esos trabajos?

No sólo afectaría a la caza. Afectará a la relación con los animales tal y como la entendemos hoy. Hay dos visiones enfrentadas en la actualidad, una animalista, con postulados muy extremos. Otra más utilitarista, que considera que los animales son auxiliares del hombre. Ambas deberían ser perfectamente conciliables. Sin embargo, los textos legales que se tramitan en la actualidad sobre la materia se aferran a la primera de estas visiones. Las colonias de gatos sin dueño, los gatos que vagan errantes, son un problema para la biodiversidad. La comunidad científica no tiene ninguna duda.  Es un dato que son causantes de la muerte por predación de muchos animales. Sin embargo, la normativa que se tramita las protege y recurre a un modelo de gestión contra el que se han mostrado en contra muchos científicos.