Forenses y policías refrendan con sus informes el testimonio de una mujer víctima de una violación en Ciudad Real, el 7 de junio de 2020. El acusado lo ha negado ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial tras esgrimir en su defensa que la relación sexual fue consentida, pero las lesiones que presentaba la mujer desmienten su versión. 

Para el Ministerio Fiscal, el informe de las médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real es contundente: las lesiones que tenía la víctima no son compatibles con una relación sexual consentida. 

El testimonio de la mujer y la valoración de las forenses han sido determinantes para el fiscal que ha mantenido la petición de diez años y seis meses de cárcel para el encausado, un hombre de 35 años, nacionalidad búlgara e iniciales A. A.V., que tiene antecedentes por un delito de un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de condena.

Por contra, la abogada del procesado sostiene que la relación fue consentida y ha pedido la absolución. 

Sin embargo, el fiscal considera hay pruebas suficientes de que el encausado violó a la mujer de forma violenta tras presentarse en su casa con la excusa de hablar con ella sobre una serie de problemas personales que tenía en relación a una hija a la que no podía visitar. Una vez en la casa iniciaron una conversación amigable, tomaron una litrona y conforme avanzaba la noche la actitud del acusado empezó a cambiar con insinuaciones de índole sexual. La mujer se mostró contrariada y se opuso. Ante la negativa, según el relato de la denunciante, el hombre la agarró fuertemente por los brazos, llevándola contra su voluntad a su dormitorio. Una vez allí, la arrojó violentamente contra la cama y la violó tras emplear la fuerza. Después se fue de la vivienda con la amenaza de que si hablaba la iba a matar. Así lo considera probado el fiscal autonómico de Violencia sobre la Mujer, Jesús Gil, que también ha tenido en cuenta el informe de cuatro policías nacionales que intervinieron en las actuaciones, así como del jefe de la Brigada de la Policía Científica y de un subinspector que recogieron huellas en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Además de la pena privativa de libertad, el fiscal pide doce años de libertad vigilada una vez cumplida la condena.