Hizo fortuna Rubalcaba llamando gobierno Frankenstein al primero de Pedro Sánchez, pero nunca lo ha sido tanto como ahora, en un todos contra todos, un totum revolutum que podría ser incluso divertido si no fuera porque la mezcla de ideologías, ambiciones personales, radicalismos y exigencias han convertido España en un país al que cuesta querer porque no cabe en cabeza humana que se haya votado a gente y partidos que tan poco la quieren.
Esta semana el gobierno será más Frankenstein todavía, porque se aprueban unos Presupuestos del Estado absolutamente condicionados por los intereses de partidos a los que Sánchez no les niega nada. Unos presupuestos que entusiasman a los independentistas y nacionalistas, pero que no convencen a Podemos por el incremento del gasto de Defensa, que por otra parte es inferior al que pide la OTAN a sus miembros. Difícil equilibrio. El gasto en Defensa también aleja a Yolanda Díaz de Pedro Sánchez pues la vicepresidenta, como ocurre con Podemos, no b es muy consciente de que la Defensa es un elemento fundamental para la seguridad de los países democráticos. No comprender la importancia de la OTAN, que celebra estos días su asamblea parlamentaria en Madrid, debe ser ya lo único en que coinciden Podemos y la plataforma que está formando Díaz.
Los frentes abiertos abundan en la división, las tensiones, la pelea. A la revisión del delito de sedición -a la baja, que es lo que exigen los de ERC- se suma el esperpento de la ley de Montero sobre libertad sexual, y se añade ahora el proyecto de Belarra que llega al Congreso de los Diputados uno de estos días, la ley del maltrato animal. El CGPJ ya avisa: esa ley castiga más el maltrato animal que el maltrato a una persona. Nueva polémica. A ver dónde se coloca esta vez Yolanda Díaz. Ya está contra Podemos por asuntos varios, políticos y de ambiciones personales, y tiene otro frente abierto contra Escrivá por cómo plantea el ministro de Seguridad Social lo que queda pendiente sobre la reforma de las pensiones, que debe estar aprobado antes de fin de año y es además un asunto en el que aprieta la Comisión Europea.
Ha entrado en escena la Asociación de Fiscales, mayoritaria, diciendo que la reforma del delito de sedición tal como lo ha diseñado el gobierno puede ser inconstitucional, y aconseja que se pidan informes al CGPJ y Consejo de Estado y también al Consejo Fiscal. Ya había informes previos, así como del Supremo, pero el gobierno no los tuvo en consideración. Probablemente ni siquiera les dio curso, lo que con este gobierno de frecuente en Moncloa.
Es este contrasentido permanente, es imposible averiguar cómo van a acabar los procedimientos legislativos en marcha. Porque su final no lo va a escribir Pedro Sánchez, sino sus socios. Que son insaciables en sus exigencias porque saben que el presidente siempre acaba cediendo.