El empresario encausado por fraude a la Seguridad Social asume su responsabilidad y pide al Tribunal enjuiciador que exculpe a los 18 trabajadores acusados de cobrar prestaciones a las que no tenían derecho y que consiguieron gracias a las altas y bajas de contratos de trabajo ficticios en la empresa Getacons de Tomelloso entre 2012 y 2014, según las acusaciones.
Andrés F. C. ha hecho uso del derecho a decir la última palabra en el juicio desarrollado en la Audiencia de Ciudad Real a lo largo de tres largas sesiones para pedir que «exculpen a mis trabajadores» tras asumir su responsabilidad de no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social por la crisis económica y la situación familiar vivida tras dar a luz su mujer una niña con síndrome de Down. «Me encerré en mi mundo, me dediqué a jugar a las máquinas y llegó un momento en que no podía pagar. Perdí los bares, mi casa y casi a mi familia», ha esgrimido este jueves en su descargo el principal encausado en la supuesta trama de fraude a la Seguridad Social.
La fiscal del caso, el abogado del Estado y la letrada de la Seguridad Social consideran acreditados los hechos y han mantenido la petición de condena de entre casi cuatro años y tres de cárcel. Las defensas discrepan abiertamente de las acusaciones hasta el punto de tachar la prueba practicada de «diabólica». Alegan falta de prueba probatoria tras poner en tela de juicio la investigación al entender que se ha hecho de forma «global, genérica y aleatoria». De ahí, que hayan pedido al Tribunal enjuiciador (Sección Primera de la Audiencia) que la sentencia «sea individual, y no global, genérica como la investigación».
Los abogados de los veinte procesados han coincidido en subrayar que las acusaciones no han probado nada, ni el fraude a la Seguridad Social ni la falsedad documental en los contratos de trabajo. Sin embargo, las acusaciones consideran que los hechos han quedado «suficientemente probados». Para la fiscal, un indicio claro de la culpabilidad son las declaraciones «vagas, imprecisas e incoherentes» de los acusados. «No han sido capaces de concretar fechas y otros datos relativos al trabajo que afirman que desempeñaron en la empresa Gestacons». De este modo, la fiscal ha mantenido la petición de tres años y ocho meses de cárcel para Andrés F. C. y su mujer, además de una multa de 216.558 euros. Para los otros 18 acusados la fiscal pide un año y nueve meses de cárcel, mientras que la letrada de la Seguridad Social solicita tres años de cárcel para cada uno de los encausados.
La fiscal, además, pide que se les prive del derecho a percibir prestaciones por un tiempo de cuatro años. Lo único que ha reducido es la responsabilidad civil, habida cuenta de que un buen número de los procesados ha pagado ya las cantidades por las prestaciones cobradas.
'Orfandad probatoria'. Para el letrado Francisco Risueño, la «orfandad probatoria ha sido brutal por parte de la Seguridad Social» y ha pedido la absolución para todos los trabajadores» y, en el caso de su defendido Andrés F., que el Tribunal valore su situación y la prueba. De su lado, las letradas Pilar Zarco y Concepción Arenas han hablado de prueba «diabólica» tras remarcar que la contradicción entre las acusaciones pone de relieve que el delito de falsedad no existe. Y tampoco fraude alguno.