Todo era puro «artificio» para una estafa con el telón de fondo de subvenciones de la Junta de Comunidades y el Impefe. Así lo ha asegurado este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real el fiscal de la causa contra una mujer procesada por estafar a cerca de una quincena de personas que buscaban empleo con desespero por la situación económica que atravesaban.

El fiscal considera probado que María Ángeles P.M. aparentó una solvencia para engañar a estas personas. En su informe final ha afirmado que la procesada urdió «un artificio fraudulento, una estafa elaborada» dando apariencia de dirigir «un negocio serio». Además, en la estafa «hay un componente humano considerable» por la situación de las víctimas, ha subrayado el fiscal tras relatar que la empresa de la encausada captaba a las personas, les hacían una entrevista y luego una selección. Cuando llegaban a la oficina les decían que el trabajo giraba en torno al comercio 'on line' sin riesgo alguno y que recuperarían la inversión a través de las subvenciones de la Junta y/o Impefe.

 Algunos denunciantes llegaron a entregar a la sociedad de la acusada 6.000 euros a cuenta del curso de formación en comercio online, asesoramiento, acompañamiento, creación de una página web y proveedores, uno, pero el más importante del país, según ha apuntado su socio y expareja en la vista oral.

 A preguntas de la acusación particular sobre las páginas web que facilitaban a sus clientes, Antonio L. N. ha admitido que tenían la misma plantilla, «igual que Zara».

Su entonces socia, pareja y hoy procesada María Ángeles P. M. era la administradora única y partícipe mayoritaria de la sociedad mercantil Pueblalo SL durante los años 2013 y 2014, cuando se denunciaron los hechos enjuiciados en tres largas sesiones, la última hoy con la declaración de testigos de las acusaciones y defensa y los informes de las partes. Para el fiscal, los hechos han quedado acreditados y ha mantenido la petición de tres y seis meses de cárcel para la encausada. Sólo ha modificado su escrito en lo que atañe a la responsabilidad civil, unos 50.000 euros. Los letrados de acusación particular se han expresado en los mismos términos y han recriminado que la acusada, su abogado y su socio hayan responsabilizado a los clientes, ya que «por mucho que se esforzaran en que la página web y el comercio online funcionara era imposible».

La mayoría de las personas que han sentado en el banquillo a María Ángeles P. M. se endeudaron, firmaron créditos confiadas en recuperar el dinero con las subvenciones. Estas personas, ha continuado el fiscal, depositaron su confianza en la acusada, creyendo en la seriedad y profesionalidad que les hizo ver.

«Se les ha causado un daño moral digno de reproche» y no cabe «culpabilizarlos por esa falta de escrúpulos. No cumplieron las promesas de la subvención tras dar apariencia de veracidad mostrándoles una copia de las ayudas publicadas en el BOE», ha concluido el fiscal.

El figurante. Los letrados de los perjudicados también han puesto el acento en que uno de los empleados de la consultoría de María Ángeles P. M. fingió ser un parado más en la reunión de las personas captadas, según el testimonio prestado esta mañana.

De su lado, el abogado de la procesada ha pedido la absolución tras refutar punto por punto las argumentaciones de las acusaciones y asegurar que los denunciantes «fabulan». El letrado ha mantenido que no ha habido engaño bastante, tipo de la estafa agravada, tras apuntar que «no todos los incumplimientos se tienen que criminalizar», en alusión a que en todo caso estaríamos ante un pleito de jurisdicción civil.

«No se estaba vendiendo humo, era un proyecto de autoempleo, de empoderamiento», ha reiterado.