Raúl P. S. se ha presentado ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Ciudad Real como «un mero trabajador» del Ayuntamiento de Guadalmez, que dio de alta a tres conocidas en la Seguridad Social como empleadas de este consistorio «por error» al estar «probando el sistema informático».
En el juicio celebrado este martes ha admitido que eran «altas ficticias» y en su descargo ha declarado que estaba «agobiado», que «no era mi función» y que lo asumió con la condición de que responsables del Ayuntamiento supervisaran los documentos señalando directamente a la alcaldesa y a la secretaria cuando ocurrieron los hechos en 2016.
Raúl P. S. ha compartido banquillo con las tres mujeres a las que dio de alta: la madre de su hijo, la hermana de ésta y la que entonces era su pareja sentimental.
A la vista del plenario, el Ministerio Fiscal, ejercido por el jefe de la Fiscalía, Luis Huete, ha retirado los cargos contra las tres mujeres, pero ha mantenido la acusación contra Raúl P. S. al considerar probado que es autor de un delito de falsedad documental, por el que pide una condena de cuatro años y ocho meses de cárcel. Inicialmente, solicitaba cinco años de prisión, pero al elevar a definitivas las conclusiones provisionales ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de adicciones como la drogadicción que pudieron mermar sus capacidades en el desarrollo de su trabajo.
El procesado ha exculpado a las tres mujeres tras negar haber recibido dinero por darles de alta como trabajadoras del Ayuntamiento de Guadalmez. Ha dicho que Ana María A. H. era la madre de su hijo y que había trabajado con anterioridad en el Consistorio, en un taller de empleo y en ayuda a domicilio. «Le di de baja a los dos días, cuando vi el error que había cometido», ha argüido.
«¿No le dio de alta porque le faltaban unos días para cobrar el subsidio?», ha inquirido uno de los abogados. «No», ha respondido el acusado tras añadir que Ana María A. «me dijo qué cómo me metía en esos líos».
Ninguna cobró una nómina ni obtuvo beneficio alguno y «yo tampoco». El letrado de la Seguridad Social no cree la versión de los encausados y ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para Raúl P. S. y dos años para cada una de las tres acusadas.
La Seguridad Social firme. En el juicio también han subido al estrado el agente de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que investigó los hechos y la alcaldesa Ana Isabel Muñoz, quien ha declarado que Raúl P. S. estaba autorizado para llevar ese cometido desde antes de que ella llegara a la Alcaldía (legislatura 2015-2019). «Raúl ya estaba trabajando y se encargaba de las altas y bajas laborales. Su contrato era anterior a mi llegada», ha precisado la alcaldesa de Guadalmez.
La abogada Gema García, que defiende al acusado, solicita la libre absolución al considerar que no se dan los requisitos que determina el Código Penal para imputarle el delito de falsedad documental. No obstante, de forma subsidiaria, en caso de que el Tribunal condene a su representado, pide que se apliquen las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas muy cualificadas porque ha pasado tiempo desde que se inició el procedimiento y por drogadicción.
Para los letrados Ángel Rico y Dámaso Arcediano, que defienden a dos de las encausadas, «no hay prueba de que tuvieran participación en esas altas ficticias» y, por ello, entienden que sólo cabe la absolución.
Caso 'Comares'
En el juicio ha salido a relucir otro asunto «más gordo» a enjuiciar por el Tribunal del Jurado. Se trata del caso Comares por delitos de prevaricación, malversación, estafa, falsificación en documento público ... Caso que denunció la alcaldesa Ana Isabel Muñoz tras detectar irregularidades. El acusado también está imputado.