«Nos estafó por la desesperación y necesidad de trabajo"

Pilar Muñoz
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Nueve personas declaran en la Audiencia que la acusada de estafar las captó con una oferta de trabajo engañosa y acabaron con ella en el banco firmando créditos de 5.000 y 6.000 euros

La acusada, ayer, ante el Tribunal y durante la declaración de las perjudicadas, tomando notas - Foto: Tomás Fernández de Moya

Llevaban tiempo buscando trabajo sin suerte cuando se cruzó en su camino una mujer con una buena carta de presentación que «nos pintó todo de color de rosa», declararon ayer las nueve personas perjudicadas que subieron al estrado de la Audiencia Provincial en la segunda sesión del juicio que se sigue contra María Ángeles P. M., exsecretaria de la Asociación de Panaderías y Pastelerías de Ciudad Real integrada dentro de la desaparecida CEOE-Cepyme, que se enfrenta a una condena de tres años y seis meses de cárcel por estafa.

En su descargo, alegó que su empresa se dedicaba a asesorar e impartir cursos para autoempleo en el comercio on line. Las perjudicadas sostienen que las engañó aprovechando la situación de debilidad y desespero en la que se encontraban por la falta de trabajo.

El relato de las testigos fue sobrecogedor y demoledor respecto a la encausada. Aseguraron que las captaron a través de ofertas de trabajo y en algunos casos mediante una llamada de teléfono. «¿Cómo tenía su número de teléfono?», interpeló el fiscal a una de las víctimas. «Imagino que por el Sepecam», el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, respondió.

Después las citaba en unos despachos alquilados en el hotel Cumbria, dando apariencia de seriedad, y solvencia cuando les decía a la entidad crediticia dónde tenían que ir con ella para firmar una línea de crédito sin riesgo alguno, «porque recuperaríamos el dinero con las subvenciones que íbamos a recibir». Una de las testigos declaró que firmó el crédito creyendo que era para obtener una subvención.

«Nos llevó a la caja de ahorros que conocía», tras asegurarle que no había problema alguno después de reiterarle la demandante de empleo, hasta la saciedad, que atravesaban una mala situación económica y que necesitaban el trabajo, pero que no podían poner dinero porque no lo tenían. Ese mismo día por la tarde su madre le dijo que no había firmado para cobrar una subvención, sino un préstamo de 5.000 euros. Pidió explicaciones a la hoy acusada, pero «siempre nos daba largas». Al final, «ni curso, ni trabajo, ni subvención, ni nada». Es el relato de una de la quincena de personas que vieron defraudadas las expectativas que se les creó en un determinado momento: recibir una formación adecuada para un trabajo seguro y una subvención, porque «éramos mujeres de una edad determinada y con una larga duración de desempleo», atestiguaron ante el Tribunal de la Sección Segunda.

«Nos ofrecía un puesto de trabajo y cuando íbamos al despacho nos decían que era para emprender un negocio online, vender electrodoméstico en una web», entre otras cosas. «Una estafa», aseveraron tras indicar que cayeron en el engaño por «la necesidad» que tenían de encontrar trabajo.

A la vista del relato espontáneo de las perjudicadas, la mecánica era la misma: entrevista de trabajo en un lugar de apariencia en la que «nos garantizaba que trabajando en casa a través de una plataforma podíamos sacarnos un sueldo». Antes «teníamos que darle un dinero a cuenta de los supuestos cursos, página web, papeleo para las subvenciones, proveedores ...» El dinero «nos aseguraba que lo recuperaríamos con la subvención».

A una de las víctimas, que llevaba mucho tiempo en paro y su marido también, la convenció, según su testimonio, para pedir una línea de crédito de 6.000 euros «porque nuestra situación era de mucha necesidad y nos acabó convenciendo». Algunas llegaron incluso a decirle que se querían dar de baja cuando vieron que la página web no funcionaba y otras cosas que empezaron a escamarle, pero no fue posible; ya era tarde. La Audiencia retomará el juicio el próximo 26 de abril.

Petición de penas y responsabilidad civil. El fiscal y el letrado de la acusación particular Juan Navarro piden una condena de tres años y seis meses de cárcel, multa de 225.000 euros y responsabilidad civil. Las personas perjudicadas reclaman las  cantidades que le entregaron, entre 5.000 y 6.000 euros.