Casi dos años después de consensuar el primer bloque de la reforma de las pensiones, que recuperó su revalorización con el IPC, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar con el aval de los sindicatos pero sin el consenso de la patronal la segunda fase. Un modelo que incrementa la recaudación del Estado con mayores cuotas de las empresas y trabajadores a la Seguridad Social. Estas son las claves de una norma que busca fortalecer el sistema español de cara al pico de gasto que supondrá hasta 2050 la jubilación de una de las generaciones más numerosas, la del denominado baby boom.

Tiempo de cómputo dual

La nueva ley establece que se podrá elegir para el cálculo de la pensión inicial entre los 25 años actuales y un nuevo período de 29 años, descartando los dos años peores. La medida se hará de forma progresiva desde 2026 hasta 2037 y, por defecto, se aplicará la que resulte más favorable al jubilado.

A partir de 2041, se irá ampliando progresivamente en períodos de seis meses el cómputo de 25 años para que desde 2044 se quede en 29 años restando los dos perores.

Destope de las máximas

Se fija la senda de incremento de la base máxima de cotización, actualmente en 4.495,50 euros mensuales, que subirá cada año 1,2 puntos adicionales a la inflación. Cada lustro, el Gobierno evaluará, en el marco del diálogo social, el impacto de este aumento y remitirá un informe al Pacto de Toledo.

En cuanto a la prestación máxima, el incremento adicional será de 0,115 puntos entre 2025 y 2050. A partir de 2051, se establece una senda de mayores alzas que empieza en un 3,2% ese año y termina en un 20% en 2065.

Mecanismo de equidad

Otro de los cambios que fija la norma es el nuevo diseño del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Una cotización adicional que pasará de forma progresiva de 0,6 a 1,2 puntos en 2029. Tendrá carácter finalista para nutrir el fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones.

De esta cantidad, un punto porcentual corresponderá a la empresa y 0,2 puntos al trabajador. 

La reforma también establece los desembolsos máximos anuales del fondo de reserva, que podrá empezar a usarse en 2033. El mayor porcentaje de uso queda fijado para 2047, cuando se podrá desembolsar hasta el 0,91 % del PIB.

Cuota de solidaridad

La cuota de solidaridad, otro recargo adicional a las cotizaciones para la parte de los salarios que excedan del progresivo destope de bases máximas, queda fijada en tres tramos. Arranca en el entorno del 1% en 2025 para terminar en el 7% en 2045 para los sueldos más elevados.

Mejora de las mínimas

La nueva ley también fija que, desde 2027, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva con cónyuge a cargo, la más habitual, no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.

Para alcanzar esa cota, se prevé un aumento del 22% en los próximos tres años que dejará la nómina más baja muy próxima a los 1.200 euros mensuales, lo que explica una mayor sensibilidad.

Ajuste de lagunas

Se mejora el tratamiento de períodos sin que una persona esté dada de alta, con especial foco en las mujeres, cubriendo hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima, en tanto que el sexto y el séptimo año se cubrirá con un 80% de la parte mínima.

Además, se eleva de uno a tres años el tiempo considerado como cotizado en el caso de excedencia por cuidado de otros familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. También se amplía de dos a tres años el incremento hasta cubrir el 100% de la cotización en reducciones de jornada por cuidado de menor.

Se fija una subida extra del 10% en el complemento de brecha de género en las pensiones 2024 y 2025.

Por primera vez, se regula la integración de períodos sin obligación de cotizar para los trabajadores autónomos, dando cobertura con la base mínima a los seis meses siguientes al cese de actividad.

Cláusula de cierre

La reforma incorpora un mecanismo en caso de desvío del gasto. En ese supuesto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hará un informe y el Gobierno intentará consensuar con los agentes sociales mecanismos de corrección. Si esto no ocurre en el plazo de un año, se contempla una subida automática del MEI.

Cotizantes en prácticas

La reforma establece la inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas, donde entran alumnos universitarios y de formación profesional.

A las cuotas por contingencias comunes de estas cotizaciones se les aplicará una reducción del 95%.

Finalmente, hay que señalar que el Gobierno quiere presentar antes del 30 de junio, y previa negociación en el marco del diálogo social, una propuesta ante el Pacto de Toledo para modificar la regulación de la jubilación parcial.