La politización de la matemática alcanza su techo en el debate anual sobre las cuentas públicas. No es asunto menor, pues estamos ante una de las tres misiones asignadas a las Cortes Generales por la Constitución Española: aprobar los PGE del año siguiente (las otras dos son hacer leyes y controlar al Gobierno).
Son números. Pero los números, conjugados entre sí según el orden de prioridades impuesto por el Poder Ejecutivo, proyectan intenciones. Intenciones políticas, se entiende. A partir de ahí nadie puede extrañarse de que la derecha tache de "antisociales" los PGE 2023, que acaban de entrar en el Congreso, mientras la izquierda gobernante pregona que llevan una carga social sin precedente en la historia de nuestro país.
La misma polarización se refleja en medios de comunicación habitualmente identificados con uno de los dos grandes hemisferios ideológicos. Vemos así que, frente a los mismos números, de un lado se editorializa sobre unos presupuestos "insolidarios" y en el otro se editorializa sobre unas cuentas que avanzan en "gasto social e inversión productiva".
Todo eso reproduce el cansino debate político-mediático, marcado siempre por los recíprocos procesos de intención, en torno a la polarización partidista. Otra cosa son los debates sobre las cosas de comer entre los agentes sociales de la economía nacional. Básicamente, empresarios y trabajadores, sindicatos y patronal, que defienden intereses declarados y eso les hace verdaderos.
Un ejemplo: mientras en el terreno político dice la derecha que los PGE están pensados para financiar la campaña electoral de Sánchez, en el de los intereses se abre una interesante polémica sobre si al aumento del 8,5 % de las pensiones debe corresponder un aumento equivalente o muy parecido en las bases máximas de cotización.
Evidentemente, es más fiable, más real, el segundo de los debates. Sin que podamos decir que está desahitado de política. Parece justo que a la subida de la pensión le corresponda una subida de la cotización, perro una vez más el pecado está en las formas. El Gobierno lo ha decidido unilateralmente y la CEOE se ha quejado con razón de no haber sido informada en el marco del diálogo social abierto y permanente que está en vigor.
Con las mismas, es más auténtico cualquier debate sobre la suficiencia o insuficiencia del gasto en Sanidad, Educación y Dependencia, que perder el tiempo de absurdas discusiones sobre ricos y pobres en la España del Estado social y democrático de derecho.
Y para los finos analistas queda el trabajo de valorar hasta qué punto la mejora del poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas tiene que ver con el hecho de que son dos grandes yacimientos de votos.