Antes de 99 días, desde hoy. debe estar en funcionamiento la zona de bajas emisiones de Ciudad Real, un proyecto al que el Ayuntamiento se ve obligado a poner en marcha por normativa europea y que en la práctica supondrá limitar el acceso al interior de la ronda de los vehículos más contaminantes, así como una ampliación de la zona semipeatonalizada de la capital, incorporando más calles. A menos ya de 100 días es mucho el trabajo que queda por hacer en la capital, con varios frentes abiertos en el ámbito normativo y en el de obras. «Vamos muy justos», admitió la portavoz del equipo de Gobierno, Mariana Boadella, una situación que no es ajena a otros ayuntamientos de España y, de hecho, la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) cursó una petición para que se retrasara la aplicación de la zona de bajas emisiones que tiene una fecha límite: el 1 de enero de 2023.
Boadella explicó que la intención no es que ese primer día del año se aplique al completo la zona de bajas emisiones en la capital. Como ha ocurrido en otras ciudades, Madrid o Barcelona, cuando se instaló esta propuesta habrá una moratoria en la que no se multará a los vehículos. «Las cámaras se instalan y hasta que no se detecte que el sistema funciona bien, así como la coordinación con los parking, habrá un periodo en el que no se sancione». La portavoz señaló que estos plazos serán largos, como mínimo, «seis meses».
Con todo, la portavoz apuntó que Ciudad Real ha planificado «una zona de bajas emisiones muy suave en el tiempo, una zona que permite una adaptación por parte de la ciudadanía», ya que el espíritu es contar con un «centro vivo» para las personas y que se tome la decisión consciente de dejar el vehículo en casa. «No se cierra la ciudad a los coches y lo que se hace, en primer término, es que haya restricciones a los más contaminantes en un horario concreto». En este caso, los vehículos sin derecho a etiqueta medioambiental serán los primeros en verse afectados.
Esas cámaras son uno de los dos contratos que el Ayuntamiento tiene en marcha y que son el tronco central de la Zona de Bajas Emisiones. Por una parte, el sistema de control de accesos, esas cámaras, está a punto de adjudicarse y, por otra, el sistema de gestión del acceso, una app, desde la que solicitar permiso para pasar a la zona de bajas emisiones y que es fundamental para el buen uso. En este caso solo hay una empresa que se ha presentado y la mesa de contratación pidió un informe antes de adjudicar. Hay que tener en cuenta que esta falta de empresas es uno de los aspectos que podría hacer que Ciudad Real no llegará a tiempo, ya que las adjudicaciones cuentan con financiación europea y los plazos que se han dado son cortos. «Está pasando en cada contratación», dijo Boadella, con un 2022 en el que apenas hay compañías que opten a los concursos, con muchas renuncias.
La peatonalización de las calles Juan II, Caballeros, Postas y Prado puede esperar. No es necesario que estén listas el 1 de enero y, de hecho, los plazos dados por el Ministerio, que financia esta intervención, marcan que la obra debe estar lista a lo largo del próximo año.
Nombre y ordenanza
Por otra parte, en estos 99 días, el Ayuntamiento debe completar las otras dos partes que componen el inicio de la Zona de Bajas Emisiones. Por una parte, una ordenanza específica, donde se detallará la moratoria o los vehículos que no podrán acceder. En este caso ya existe un borrador que se llevará al Consejo de Movilidad, antes de aprobarse inicialmente y debatirse en Pleno. «Es una ordenanza que debe contar con participación y sufrir modificaciones», indicó Boadella, quien señaló que el próximo lunes podría haber avances en este documento. Por último, el Ayuntamiento ha desarrollado una campaña de comunicación, incluyendo un nombre para lo que hasta ahora, siguiendo el ejemplo de Madrid, se ha venido llamando Ciudad Real Central, para dar a conocer todo el proceso y las apps de gestión de estos espacios. En este caso, también se conocerá esa campaña, la imagen y demás aspectos de la zona de bajas emisiones.