Instalar un ascensor en una comunidad de vecinos o adecuar las condiciones de una vivienda al tránsito de una silla de ruedas son actuaciones que resultan de vital importancia para muchos colectivos, como el de mayores o personas con movilidad reducida. Sin embargo, en muchas ocasiones, el factor económico supone un freno para llevar a cabo este tipo de obras. Con esta filosofía, la Junta de Comunidades dispone de un plan de ayudas que ha supuesto ya un desembolso de 2.859.785 euros en la provincia a través de 481 concesiones y que ha permitido mejorar 1.498 viviendas, según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Fomento. En el caso del conjunto de la región, las ayudas concedidas se cifran en 4.235 que suman un importe de 30.133.076 euros y que han permitido mejorar 10.443 viviendas.
Se trata de convocatorias que se desarrollan a través de distintas líneas de ayuda, la A, dirigidas a la rehabilitación de edificios de viviendas; y la B y la C, para unifamiliares o pisos específicos, detalló la directora general de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Inés Sandoval, en referencia tanto a la instalación de ascensores, en el primero de los casos, como la adaptación de los inmuebles, en el segundo.
Sandoval indicó que se trata de ayudas que «siguen siendo muy demandadas», dado que el parque de viviendas de la provincia y del conjunto de la región es en muchos casos anterior al Código Técnico de la Edificación de 1980, «por lo que les falta cumplir muchas exigencias en cuanto a accesibilidad y eficiencia energética».
En este sentido, ahondó, hay muchos inmuebles de los años 70 «que no tienen ascensor, lo que dificulta a los mayores salir a la calle». De este modo, se convierten en un factor fundamental para la vida cotidiana de muchas personas. De este modo, aseguró que, aunque en los últimos tres años hay «un auge de la rehabilitación energética», las obras de mejora de accesibilidad no dejan de tener vigencia y de ser solicitadas.
En concreto, explicó que los datos de ayudas ya abonadas se corresponden con convocatorias de los años 2018 y 2019 que se han ido resolviendo en los sucesivos ejercicios, dado que se les concede un plazo de 18 meses para ejecutar las obras y la posterior justificación y resolución de las ayudas. En este sentido, comentó que actualmente se está resolviendo una nueva convocatoria que se lanzó por 8,4 millones en la región, por lo que el cómputo de ayudas provincial crecerá. Además, avanzó que «en el primer trimestre del año que viene» se sacará una nueva convocatoria de ayudas que pueden sufragar hasta el 80% de los gastos de las obras.