La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha juzgado este miércoles a I. R. M. A., acusado de un delito de abuso sexual continuado a una mujer con discapacidad alumna de un centro ocupacional de la comarca de Ciudad Real, por el que se enfrenta a una pena de nueve años de prisión, según la petición del Ministerio Fiscal, y de diez años según la de la acusación particular. Además, el investigado debería indemnizar a la presunta víctima con una cantidad de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral. Por su parte, la defensa del acusado solicita la libre absolución al negar éste haber mantenido ningún tipo de relación sexual con la denunciante.
Durante la vista oral, que ha acogido la Sección 1 de la Audiencia, se ha emitido grabado el testimonio de la mujer, como prueba preconstituida, para evitar que tenga que pasar varias veces por el proceso de relatar los hechos. Se trata de una alumna del centro con una discapacidad intelectual reconocida del 65 por ciento, que en el momento de los hechos, en 2018, tenía 22 años. Durante su testimonio, ella explicaba que durante un periodo de tiempo mantuvo relaciones sexuales completas con el acusado, que era empleado del servicio de lavandería del centro, y que éstas relaciones fueron consentidas. Un relato en consonancia con el escrito de acusación del fiscal, según él cual el acusado conoció a esta joven en el centro ocupacional e inició una relación cordial que fue a más, ganándose su confianza y aprovechando la discapacidad que padecía. De este modo, habrían comenzado a mantener relaciones sexuales consentidas completas en el propio centro, aprovechando los turnos de descanso y tiempo libre de los que disponían los trabajadores para ir con la denunciante a diferentes estancias del mismo para mantener esas relaciones sexuales.
Según el escrito de acusación, el 8 de octubre de 2018 una trabajadora del centro sorprendió a la denunciante "despeinada, alterada y nerviosa, saliendo apresurada de la lavandería y a escasos metros se encontraba el acusado subiéndose rápidamente sus pantalones". Ese mismo día ésta comunicó los hechos a la directora del centro, que no dudó en trasladarlos a la Guardia Civil.
Carmen Ciudad, abogada de la denunciante, que en la actualidad está tutelada por los servicios sociales, considera que el relato de ella es prueba suficiente para dar por verídicos los hechos que se le imputan al acusado, que "se aprovechó de la situación de vulnerabilidad" de su clienta, de ahí que haya solicitado la mayor pena en este tipo de delitos, los diez años de prisión.
Por su parte, Olga Camuñas, abogada del acusado, basaba su línea argumental en la ausencia de pruebas que demuestren que su cliente mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, y que en ese hipotético caso, éstas habrían sido consentidas. "El hecho de que una persona tenga una minusvalía no siempre significa que no pueda ser capaz de autodeterminarse sexualmente", explicaba a La Tribuna.
En la vista oral han testificado entre otros, además del acusado, la directora y trabajadora del centro ocupacional, así como los peritos psicólogos que evaluaron a la presunta víctima.
En los informes finales todas las partes elevaban a definitivas sus posiciones iniciales, quedando el juicio visto para sentencia.