Acuerdo entre las partes en el juicio que sentaba en el banquillo a Rubén S. O., acusado de blanquear dinero procedente de la venta en Puertollano de cocaína y marihuana procedente de Paraguay. Tanto la Fiscalía como la defensa han mostrado su conformidad para que al acusado se le aplique una pena de tres años y tres meses de prisión, la mínima por este tipo de delitos, después de que él haya reconocido los hechos. Además, deberá afrontar una indemnización cifrada en 120.000 euros. El investigado se enfrentaba a una pena de seis años de cárcel.

El acusado permanecía en prisión preventiva desde el mes de agosto después de ser localizado por las fuerzas del orden tras estar en busca y captura por la justicia, al no acudir al juicio en el que estaba citado como uno de los implicados en la denominada 'Operación Carbonell'. En ella, la Policía Nacional detuvo a un total de 37 personas y se incautó de más de 37.000 euros, ocho kilos de marihuana y 20 gramos de hachís. Una operación de la que aún resta por juzgar a un implicado, una mujer de nacionalidad paraguaya que era la pareja de Rubén S. O. y que también está en busca y captura.

Según ha aclarado a La Tribuna el fiscal, Jesús Gassent, el acusado, tras reconocer los hechos por los que se le juzgaba, ha aceptado la pena mínima por delito de blanqueo de capitales, una vez que era absuelto del otro delito del que se le acusó en un principio, el de pertenencia a grupo criminal.

El acusado entra en la Audiencia Provincial custodiado por la Policía Nacional. - Foto: Rueda Villaverde

Un acuerdo "satisfactorio para ambas partes", según su abogado defensor, Miguel López, que ha argumentado que su cliente era consumidor de cocaína hace ocho años, "lo que le llevó en su día a cometer delitos". De hecho, el letrado avanzaba que va a solicitar la suspensión de la pena en fase de ejecución invocando el artículo 80.5 del Código Penal, que permite que los acusados eviten la entrada en prisión aludiendo a que los delitos los cometieron bajo los efectos de sustancias como las drogas. 

Un alto nivel de vida

La Fiscalía, en su escrito de acusación, señalaba que, entre los años 2012 y 2016, el matrimonio presentaba "un alto nivel de vida que no se corresponde con actividad laboral alguna, ni rendimientos patrimoniales, sino con los beneficios obtenidos de la venta de cocaína y marihuana a terceros, a cambio de dinero u otros efectos tales como móviles".

Así, el acusado y su pareja, "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito", según el escrito de Fiscalía, como medio de pago de la droga proporcionada desde Paraguay, así como para repartir con ellos los beneficios obtenidos de su venta y para financiar la compra de más droga, utilizaron envíos de dinero a este país, a través de las oficinas de Correos u otras compañías, otorgando al dinero obtenido de dicha actividad ilícita apariencia legal. Entre 2012 y 2016 llegaron a blanquear hasta 333.439 euros.

El blanqueo también se hacía efectivo, según el escrito de la Fiscalía, con la adquisición de vehículos y bienes inmuebles utilizando a otras personas como testaferros.