La Audiencia ratifica la condena al que fuera presidente de la CEOE-Cepyme, Arturo Mesa, y al exsecretario de la patronal, Álvaro Maldonado, por el perjuicio causado a la primera y única organización empresarial de España en quiebra.

El magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial José María Tapia, ponente de la sentencia, desestima el recurso de apelación interpuesto por Mesa y Maldonado y confirma la sentencia de noviembre de 2016 dictada por el Juzgado número 4 de Ciudad Real con competencia en Mercantil que declara culpable el concurso de acreedores de la CEOE.

Además de ratificar punto por punto la sentencia del juez Carmelo Ordóñez, la Audiencia impone a los apelantes las costas procesales.

Ratifican la condena a Mesa y Maldonado - Foto: Foto: Tomás FernándezArturo Mesa tendrá que abonar la masa activa del concurso, esto es, el 20% del déficit patrimonial, mientras que Álvaro Maldonado deberá responder del 15%. Además se les inhabilita a administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo alguno por espacio de tres años.

Sorprendente, «absurdo». Los magistrados que firman la sentencia señalan que «sorprende cuanto menos la pretensión de diluir la responsabilidad» de los apelantes en el organigrama competencial de la organización empresarial «como si los cargos de los mismos careciesen de contenido alguno», precisan.

En la sentencia, bien fundamentada con jurisprudencia, congruente y motivada, se expone por qué se ha desestimado el recurso, en primer término, porque no hay error en la valoración de la prueba en cuanto a la determinación personal de la calificación.

Ratifican la condena a Mesa y MaldonadoA los magistrados no deja tampoco de sorprenderles la «contumacia en la defensa» del argumento relativo a la falta de obligación de llevanza contable de la confederación empresarial. «Que una institución que recibía subvenciones de dinero público por importe anual superior a 1.500.000 euros sostenga la ausencia de tal obligación roza lo absurdo desde un punto de vista jurídico, por no acudir a otros ámbitos. En todo caso, no llevar una contabilidad es fiel reflejo de una situación que conduce a cualquier entidad al caos», subrayan los magistrados.

En relación con el retraso en la solicitud del concurso, remarcan la existencia de «irregularidades contables graves», dando por probado que Mesa y Maldonado, en diciembre de 2010, «eran conscientes» de los «profundos problemas financieros» de una entidad cuyas únicas vías de captación de fondos debieran ser las cuotas de los asociados. «Se constata contablemente como efectivos ingresos lo que no son más que facturaciones de cuotas de asociados no ingresadas y en muchos casos de imposible o dudoso cobro, y ascendente únicamente respecto a 2010 la suma de 392.196 euros; existiendo asimismo cantidades anteriores y posteriores al mismo, sumando las primeras 708.987 euros y las segundas algo más de 19.000 euros hasta mediados de 2011». En este contexto, se indica que existía un desfase patrimonial con importantes impagos y falta de liquidez.

Los magistrados de la Audiencia reprochan a Mesa y a Maldonado el «uso indebido» del dinero proveniente de subvenciones para formación como fuente de financiación de una entidad sin ánimo de lucro, lo que generó una «doble deuda» a la administración pública autonómica y a los propios acreedores.

Del mismo modo, censuran la «inviable» construcción de una nueva sede con «costes muy por encima de las posibilidades de la propia entidad y carentes de finalidad para una institución sin ánimo de lucro, al punto de encontrarse infrautilizada».

El juez toma en consideración la acusación de la administración concursal y la Fiscalía respecto a que Mesa y Maldonado «ocultaron pérdidas generadas por inclusión de cuotas incobrables» y también por la mala praxis de imputar las subvenciones de cursos de formación en las liquidaciones.

En resumen, irregularidades y una deuda de 8,4 millones que llevaron a la quiebra a la primera, y única organización empresarial de España. De ahí que la Audiencia concluya en la «culpabilidad» de Arturo Mesa que fue presidente de la CEOE-Cepyme de Ciudad Real desde 2002 hasta el 21 de octubre de 2011 y Álvaro Maldonado secretario durante 28 años.