Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la prórroga del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) hasta 2021, tanto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como los profesionales del sector confían en que los trámites se aceleren para que se regularicen los 1.700 expedientes de pozos que, según sus cuentas, quedan aún pendientes de clarificar su situación en la zona del Alto Guadiana, aunque desde la CHG se asegura que son menos y que ya se está trabajando en ello.

Para el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, esta prórroga era «imprescindible y necesaria» para trabajar entre el Gobierno central y regional en la «creación de un órgano prioritario a raíz del cual se regularice la situación». Consideró que con este aplazamiento se ha dado un «pequeño paso» hacia esa regularización, pero que «el paso más importante pasa ahora por el compromiso del Gobierno central por resolver la situación de esas explotaciones prioritarias», comentó a La Tribuna el consejero de Agricultura. En este sentido, Martínez Arroyo señaló que para conseguir ese reto es esencial poner en marcha «un centro de intercambio de derechos de agua en la que participe la administración pública» como así se hizo para regularizar los 4.000 pozos de las explotaciones de leñosos, por lo que tras la prórroga del PEAG es el «momento de ir por el mismo camino y dar una solución similar para que se resuelva la situación y dar una viabilidad económica a las explotaciones de esos agricultores», dijo.

El consejero recordó que el Ejecutivo autonómico solicitó desde un principio la prórroga del Plan Especial del Alto Guadiana y se mostró confiado en que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente responda a ese compromiso que adquirió de defender los intereses de los agricultores castellano-manchegos «como así lo viene haciendo la Junta de Comunidades», ya que «el acceso al agua es perfectamente compatible con la preservación del entorno medioambiental y la recuperación del acuífero». Y esto, continúa diciendo, se está demostrando desde hace años «con el compromiso de los agricultores que han reducido el consumo de agua por hectárea en el Alto Guadiana y con planes que se pusieron en marcha en 2008 para reducir ese consumo en los cultivos y mejorar la conservación de la zona, un ahorro de agua que permitió la regularización de los 4.000 pozos de leñosos», por lo que «en ese camino hay que seguir trabajando», subraya.

Los profesionales del sector también se mostraron también esperanzados por encontrar una solución a esos más de mil pozos con la publicación de la prórroga. Así lo comentó el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, quien en declaraciones a La Tribuna señaló que era un trámite «necesario y obligatorio» para dar continuidad a algunas medidas, aunque debe ir acompañado, dijo, de otras para resolver situaciones como la regularización de los expedientes de agricultores profesionales. En este sentido apuntó que «existía un compromiso de ministerios anteriores de resolver la situación de todos los expedientes no sólo de los leñosos, por lo que hay que seguir adelante con ese acuerdo y no echarse para atrás». «Ya tenemos la prórroga que era necesaria, pero ahora hay que trabajar en establecer medidas concretas».

La prórroga se mantendrá hasta que el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana, en alguna de sus futuras revisiones, determine que se ha alcanzado el buen estado en todas las masas de agua del Alto Guadiana, algo que para Morcillo «va a ser muy difícil», ya que «el Acuífero 23 y el 24 están declarados sobre explotados desde 1988», lo que implica que «los regantes usen sólo una parte de los derechos reconocidos».

Desde la CHG. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), José Díaz Mora, consideró que el «gran reto» para los próximos seis años, periodo de vigencia de la prórroga del Plan Especial Alto Guadiana y del Plan Hidrológico del Guadiana, es «cerrar el esquema de reconocimientos de derechos». Así durante una entrevista en La Tribuna el pasado martes, cuando se mostró convencido de que en dicho periodo de tiempo se van a quedar regularizar todos los pozos que están pendientes de regularización.

En este sentido, aclaró que los pozos de leñosos se pueden considerar «absolutamente regularizados», quedando alrededor de 200  pendientes ante «las dificultades a la hora de presentar la documentación ligada a la propiedad de la tierra» y que en cuanto a los agricultores a título principal, de los 1.640 que había, 453 pidieron acogerse tanto a leñosos como a prioritarios, por lo que «aproximadamente el 28 por ciento de ellos están resueltos». «Esperemos que con algunas modificaciones realizadas en la revisión del plan, se puedan regularizar al menos 600».