La extensión de norma que la Interprofesional del Vino solicitó este jueves al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente vendrá acompañada de la imposición de un sistema de cuotas a pagar, «que no serán ninguna carga para el sector», por el volumen de hectolitro que vendan tanto productores como comercializadores y que se destinará a la realización de campañas de promoción y valorización del vino, además de información sobre consumo moderado y la realización de estudios de mercado.
Según información a la que ha tenido acceso La Tribuna, la estimación del sector es que a través de este sistema de cuotas se consiga recaudar una cantidad que rondará los 5,7 millones de euros, en base a las producciones medias recogidas en los últimos cinco años: 19,3 millones de hectolitros de vino embotellado y otros 19,5 millones de vino a granel. La distinción entre estos dos tipos de productos tiene su relevancia ya que la Interprofesional plantea que la cuota a pagar difiera según se trate de uno u otro vino. Para el envasado será de 0,23 euros por hectolitro (en torno a 38 pesetas) y para el segundo, en el que se aporta un menor valor añadido, quedará fijado en 0,065 euros por hectolitro (unas 10 pesetas).
La intención es que en un plazo de tres o cuatro meses el fondo de 5,7 millones de euros pueda empezar a recaudarse para en enero de 2016 comenzarse con las campañas durante el periodo inicial en el que se prolongará la extensión de norma, tres años iniciales que podrán ser prorrogables en un futuro, según explicaron fuentes del sector.
A la hora de cuantificar el importe a pagar por cada uno de los operadores del sector, se tendrá en cuenta la declaración de producción, existencias, entradas y salidas de vino y mosto que se presentará a partir de ahora ante la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios, cada mes. Este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, tendrá acceso a la comercialización de cada bodega y cooperativa, una información que seguirá siendo privada, y que servirá para fijar con mayor transparencia la situación real del sector, que hasta ahora sólo tenía la obligatoriedad de formalizar ese trámite una vez al año, el 31 de julio, aunque Castilla-La Mancha también recopila la información de las existencias de vino a fecha de 31 de marzo.
«Ahora se hará de forma mensual» como se hace también, por ejemplo, con la producción de aceite de oliva, explicaron desde fuentes cercanas a la Interprofesional que espera que antes de final de año el Gobierno de luz verde a la extensión de norma.
De hecho, ayer mismo, el Consejo de Ministros aprobó ya el Real Decreto que establece el nuevo Sistema de Información de Mercados del sector vitivinícola, «que venía siendo demandado por las principales organizaciones representativas del sector, para disponer de un instrumento que permita realizar un seguimiento preciso de la evolución del mercado, con el fin de que administraciones y el sector puedan adoptar decisiones con mayor conocimiento».
Eso sí, de esas declaraciones mensuales quedarán exentos las bodegas con producciones medias inferiores a mil hectolitros por campaña, que sólo deberán realizar tres declaraciones al año, según aprobó este viernes el Consejo de Ministros.