Hoy se cumplen cuatro meses de la operación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía en Puertollano, que se saldó inicialmente con once personas detenidas, las cuales fueron puestas en libertad ese mismo día, y casi una veintena de investigados, además del registro del Ayuntamiento de la ciudad industrial y de diferentes dependencias municipales, junto a otros en Ciudad Real capital, Madrid y Almuñécar (Granada). La operación ‘Cerrú’, así bautizada, generó una gran conmoción en su momento y en la retina de los puertollanenses ha quedado la imagen de la Policía Nacional sacando documentos del Consistorio y llevándose detenidos a varios funcionarios en activo en ese momento, además de a políticos ya sin cargo.
Pero qué ha trascendido de la operación ‘Cerrú’, sobre la cual pesa el secreto de sumario por parte de la magistrada encargada de este caso, María Cristina Sanz, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puertollano. El nombre de la operación hace referencia al campo de fútbol Ciudad de Puertollano, popularmente conocido como ‘Cerrú’, que fue inaugurado en 2010 tras ser construido en dos fases, una primera gracias a una permuta de terrenos en el Sector-IV, popularmente conocido como Abulagar, para urbanizar esta zona de la ciudad, y una segunda a través del Plan E tras quebrar la empresa que se hizo cargo de los trabajos en la primera etapa y que quedaron inconclusos.
La construcción del estadio se anunció en octubre de 2007 y sería acometida por las empresas Teconsa y Proinsa a cambio de la cesión para aprovechamiento urbanístico del Abulagar, cifrándose el coste del campo de fútbol en unos siete millones de euros. Sin embargo, las quiebras de ambas empresas dos años después -declaradas en concurso de acreedores- hizo que las obras tanto de la instalación deportiva como de urbanización del Sector-IV quedaran paralizadas, convirtiéndose el Cerrú en un esqueleto de hormigón totalmente abandonado.
Pero el Ayuntamiento tenía claro que el campo de fútbol, muy demandado por la afición de la entonces Unión Deportiva Puertollano, acabaría viendo la luz. Y la solución la encontró en el segundo de los Planes E del Gobierno central, que gracias a una inversión de tres millones de euros, que finalmente se incrementó hasta llegar a casi los cuatro millones, permitiría finalizar el proyecto de un estadio con una capacidad para unos 7.000 espectadores, como así fue, siendo construido en esa fase por la empresa local Navarro Piquer.
los nombres. La operación Cerrú dejó el pasado 11 de julio 11 detenidos y una veintena de investigados, todos ellos acusados de diferentes cargos, entre ellos prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, fraudes o extracciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Los arrestados fueron puestos en libertad ese mismo día tras permanecer varias horas detenidos en la Comisaría local de la Policía Nacional, sin pasar por el Juzgado en esa misma jornada, haciéndolo a lo largo de las semanas y meses siguientes.
En este barullo de nombres destaca uno sobre todos los demás, el de Joaquín Carlos Hermoso Murillo, alcalde de Puertollano por aquel entonces. En su declaración ante la juez, que tuvo lugar el pasado 29 de octubre, descargó toda responsabilidad en técnicos municipales, muchos de los cuales también tienen que responder ante la Justicia por este caso. Además del exregidor municipal, otros tres políticos están investigados por esta trama, alguno también detenido el 11 de julio, siendo éstos Antonio Rodríguez y Luis Francisco Pizarro, que por aquellos años ostentaban las concejaías de Urbanismo y de Obras, respectivamente, y Rafael Agustín Sánchez, edil de Urbanismo más adelante.
En cuanto a los técnicos, han pasado ante la juez instructora buena parte del departamento de Urbanismo y todo aquel cuyo nombre figura en la amplia documentación del caso Cerrú, varios de ellos ya jubilados. Entre ellos, el exsecretario general del Consistorio Juan Luis Vázquez y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso, que junto con Hermoso Murillo se sentarán en febrero del próximo año en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por otro caso, el ‘Plaza de toros’.
CONSECUENCIAS. En los cuatro meses transcurridos desde los registros de la UDEF en el Ayuntamiento las consecuencias apenas han sido palpables, principalmente debido al secreto de sumario. En el ámbito judicial, aún es pronto, y en lo político, desde el revuelo generado en los primeros días se ha pasado a un silencio casi absoluto, siendo el Partido Popular el más beligerante al proponer al día siguiente una moción de censura contra la actual alcaldesa, Mayte Fernández, que cayó en saco roto por falta total de apoyos.