Una inmobiliaria reclama al Ayuntamiento 3,8 millones por los terrenos donde se iba a ampliar el recinto ferial

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SVF S.A. solicita el pago en compensación de unos derechos urbanísticos en el Reino de Don Quijote que el Consistorio le ofreció a cambio de permutar la parcela contigua al pabellón

Terrenos que cedió SFV S.A. al Ayuntamiento para la ampliación del pabellón ferial, al fondo en la imagen. / - Foto: PABLO LORENTE

Los coletazos de lo que fue la polémica por la construcción o ampliación del pabellón ferial de la capital reviven hoy a modo de contencioso. La inmobiliaria Su Vivienda Financiada S.A. (SVF) interpuso el pasado viernes un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Ciudad Real al  que reclama el pago de 3.879.799,51 euros por el incumplimiento, a su juicio, de las prestaciones de un convenio urbanístico firmado entre ambas partes en 2008. En dicho convenio, al que ha tenido acceso este periódico, se contemplaba la permuta de una parcela, propiedad de SVF S.A., contigua al recinto ferial a cambio de unos derechos de aprovechamiento urbanístico de los que era titular el Ayuntamiento de Ciudad Real en el sector del Reino de Don Quijote. 

Según el demandante, el objeto del convenio urbanístico, ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real en la sesión del 24 de septiembre de 2009, no era otro que adquirir dicha parcela calificada como suelo dotacional privado y equipamientos, con destino a la ampliación de actividades del pabellón ferial. Por entonces, el Consistorio y la Diputación de Ciudad Real mantenían una tensa relación -que hoy perdura- a costa de la idoneidad de la construcción de un palacio de congresos acorde a la celebración de las ferias que acoge la capital.

Entre las opciones que se barajaron, una de ellas, pasaba por ampliar las actuales instalaciones del recinto ferial, que en abril de este año precisamente volverá a acoger una nueva edición de la Feria Nacional del Vino (Fenavin). Y nuevamente, la organización deberá recurrir al caro montaje de carpas en los alrededores -con un coste de alrededor de un millón de euros- para poder dar cobertura a la gran demanda de expositores y compradores llegados de todo el mundo.

SVF S.A. esgrime, en su escrito, que toda vez que el convenio no se ha materializado en los términos pactados, principalmente por la paralización del proyecto del Reino de Don Quijote -en concurso de acreedores- que hará uso de la cláusula tercera en la que se recoge que trascurrido el plazo máximo de cinco años desde la firma del contrato se «podrá solicitar la resolución de la adjudicación con abono del precio vigente en esa fecha» de la finca valorada por el Ayuntamiento por un total de 3.8799.799,51 euros.

La parcela en cuestión, de 4.425 metros cuadrados, es limítrofe al pabellón ferial y se utiliza habitualmente como zona de aparcamiento, un terreno donde Fenavin instala una gran carpa que, este año, será reducida por la construcción en otra parcela de la iglesia de San Juan Bautista.

El Ayuntamiento examinaba dos a finales de 2009: ampliar y modernizar el recinto ferial con dicha parcela, que había adquirido mediante una permuta con SVF junto a otros terrenos de SVF S.A., o construir uno nuevo en el polígono Sepes, lo que le llevó al ejecutivo de Rosa Romero a arrancar el compromiso de hasta un 90% de la financiación, con un límite de 18 millones de euros, al entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Una promesa que nunca se materializó.

Con la crisis todo se paralizó al mismo tiempo que el planeamiento de la ciudad pasó a stand by pese a que debía dar respuesta a dos grandes sectores urbanísticos como el aeropuerto y el Reino del Quijote. Durante estos cinco años, el demandante incluso llegó a pedir en 2010  la resolución del contrato sin obtener respuesta por parte de la administración municipal. Tiempo suficiente para que SVF solicitara concurso voluntario de acreedores del que sólo puede salir airoso de la liquidación  si finalmente se le reconoce el abono pactado en dicho convenio urbanístico. Tras dos meses sin que haya obtenido respuesta y una vez transcurrido el plazo legal, el demandante no le ha quedado otra salida que interponer un contencioso administrativo que puede avivar viejas polémicas en torno al nuevo pabellón ferial que nunca llegó a ver la luz.