Ecologistas en Acción avisaba ayer  de la «irresponsable» proliferación de proyectos de macrogranjas en la  región, especialmente en la provincia de Cuenca. Y es que, a juicio de esta organización conservacionistas, la Junta de Comunidades  «está desarrollando una serie de medidas de apoyo a los macrogranjas incluyendo sustanciosas subvenciones», a la vez que  «pretende pasar la pelota» de este asunto a los ayuntamientos, que se ven con este «regalo envenenado», sin herramientas para parar la «avalancha que se les viene encima».

Una actitud de «tirar la piedra y esconder la mano», que Ecologistas califica de «muy grave». Y es  que, como denuncian,  «es un tremendo escándalo que se estén aprobando todas y cada una de las subvenciones solicitadas para las macrogranjas, consistentes en 100.000 euros por puesto de trabajo (hasta el 65% de la inversión)». A lo que habría que añadir 27.000 euros más si hay una nueva incorporación de un joven, según advierten. Es más, «para cumplir con estos pagos, la Junta ha solicitado créditos millonarios incrementando su deuda».

«La laxitud sobre el control ambiental de las macrogranjas es alarmante, hasta el punto que ya ha merecido el reproche (en términos muy duros) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en una sentencia que tumba la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada a una macrogranja en Huerta de la Obispalía», recuerda esta organización conservacionista.

Como recuerdan, el consejero de Agricultura afirmó en las Cortes «que no se instalaría ninguna granja donde hubiese oposición, pero  los hechos desmienten estas declaraciones y día a día aumentan los proyectos con el beneplácito, el apoyo económico y el visto bueno de cada uno de los departamentos de las Consejería que dirige», denuncian.

En muchos pueblos, especialmente de Cuenca, se están aprobando ordenanzas municipales «contrarreloj», «algo que no sería necesario si verdaderamente se ejerciera un control desde la Administración regional».  En esta línea, desde Ecologistas en Acción, «exigimos a la Junta que se inicie una evaluación estratégica del conjunto de proyectos, tal y como recoge la legislación de evaluación ambiental para el conjunto de proyectos vinculados a un plan más amplio. Es más, solicitamos que no se conceda ni una declaración de impacto ambiental positiva ni una autorización ambiental integrada más para una macrogranja hasta que no se complete esta evaluación estratégica».

Con todo, recordó que los vecinos «seguirán protegiendo sus pueblos y haciendo lo posible por paralizar la industrialización del medio rural en manos del negocio de la carne, que se hace incompatible con el desarrollo de otros sectores por los que nuestros pueblos ya habían apostado». «Las personas arraigadas en el mundo rural, las que se mantienen en sus pueblo a pesar de las dificultades, tienen  muy claro que la ganadería industrial no traerá más que despoblación», concluyen desde Ecologistas.