La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, valoró que el Ministerio de Agricultura acceda a no aplicar la destilación obligatoria de vino si en el mes de septiembre se comprueba que no hay problemas de mercado, una decisión que ha calificado de «acertada y oportuna».
Así lo señaló Soriano ayer tras la reunión que mantuvo con el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, en la que el representante del ministerio se comprometió con el Gobierno de Castilla-La Mancha a sólo aplicar el Real Decreto, que se publicará en breve, para la destilación para uso industrial o energético de hasta un máximo de 4 millones de hectolitros si así lo exigen las condiciones de mercado. Si, por el contrario, en septiembre la buena marcha de las ventas y las previsiones de campaña indican que no habrá grandes excedentes de vino no se llevará a cabo dicha destilación que acordaron hace unas semanas el Ministerio de Agricultura y el sector para regular los posibles excedentes de vino.
La consejera destacó «la sensibilidad con las reclamaciones de parte de las bodegas y cooperativas del sector de Castilla-La Mancha, al que desde el Gobierno regional hemos escuchado atentamente durante estas semanas». La titular de Agricultura de Castilla-La Mancha subrayó la importancia de que esta decisión se tome en septiembre, época en la que se conocerá el volumen de existencias en las bodegas españolas a 31 de julio y también se tendrá una previsión más exacta del desarrollo de la vendimia actual. «De esta forma se sabrá si realmente hay excedentes y, si así fuera, cuál es su volumen, porque nuestras bodegas y cooperativas nos han informado de que el ritmo de ventas está siendo bueno y que la campaña no va a ser alta, y por tanto hemos defendido que las decisiones se tomen con todos lo datos».
Por otro lado, Soriano destacó las «importantes medidas de carácter estructural» que contiene el acuerdo para la regulación de excedentes, como la inmediata constitución de la Interprofesional del Vino, que será un foro de encuentro en el que se puedan adoptar medidas de autorregulación en favor de la calidad y de la diversificación de las producciones. Además, el pacto prevé el desarrollo antes de final de año de un marco normativo para el reconocimiento de las organizaciones de productores en el sector del vino; o el estudio de la posibilidad de limitar el incremento del potencial de producción de las superficies de viñedo apoyadas con fondos comunitarios de la medida de reestructuración y reconversión de viñedo, entre otras.
Primero fue UPA la que mostró su rechazo frontal a la destilación obligatoria propuesta por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) de cuatro millones de hectolitros para su conversión en alcohol de uso industrial. A la negativa de UPA se sumó la de las cooperativas, que mostraron su rechazo tras conocer el borrador del texto elaborado por el Ministerio, que fijaba el porcentaje a destilar en función de las existencias en bodega a 31 de julio. A esa negativa se sumaron después las bodegas privadas, que pedían al Ministerio la retirada «urgente» del proyecto del real decreto y cuestionaban, incluso, la conveniencia de la creación de una Interprofesional a nivel nacional.
El borrador del real decreto establece que la destilación obligatoria afectará a aquellas comunidades autónomas cuya producción fuera un 50% mayor en la campaña 2013-14 a la media de las cuatro campañas anteriores, y se establecerá en base a las existencias declaradas por bodegas y cooperativas el 31 de julio. Además, la destilación se hará sin aportación de fondos estatales y serán las bodegas y cooperativas afectadas por la norma la que asuman los costes de una medida que se deberá aplicar hasta el 15 de octubre.